Derecho a Morir Dignamente exige investigar el polémico cese de Elisa Corujo
La asociación considera "injustificada" la destitución de la geriatra lanzaroteña y alerta de un precedente para la independencia de la Comisión
- Lancelot Digital
El cese de la doctora lanzaroteña Elisa Corujo como presidenta de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Prestación de Ayuda para Morir de Canarias continúa generando reacciones. La Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) ha solicitado al Ministerio de Sanidad una investigación y considera lo ocurrido una "intromisión política injustificable".
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias acordó el cese el pasado 14 de septiembre, a propuesta del director del Servicio Canario de la Salud. La resolución se ampara en la "imposibilidad para el ejercicio de sus funciones", aunque Corujo ha recurrido la decisión al considerar que no se especifican los hechos concretos que justificarían esa causa.
Fernando Marín, vicepresidente de Derecho a Morir Dignamente, cuestiona especialmente que una decisión política pueda afectar a la dirección de un órgano que, sostiene, debe mantener su independencia del poder ejecutivo.
"La Comisión de Garantía y Evaluación no es un puesto de confianza, es un puesto técnico", señala Marín, quien considera que el cese sienta "un precedente peligroso".
DMD ha trasladado ya un escrito al Ministerio de Sanidad a través del Comité Técnico de Eutanasia, del que forma parte junto con sociedades científicas y otras asociaciones relacionadas con el derecho a una muerte digna. La organización reclama que se investiguen las circunstancias de la destitución y que el propio Comité se pronuncie sobre el caso.
La cuestión llegará a su próxima reunión, prevista para el 4 de noviembre.
Marín recuerda además que la participación en la Comisión es voluntaria y altruista y califica la forma en la que se ha producido el cese como "incomprensible".
Corujo, geriatra del Hospital Universitario José Molina Orosa, ocupaba la presidencia desde octubre de 2025 y ha solicitado mediante un recurso de reposición que la orden sea anulada y se le restituya en el cargo. La doctora sostiene que durante su etapa al frente del organismo trabajó para mejorar su funcionamiento y dotarlo de mayor transparencia.
La controversia trasciende así el propio cese de la especialista lanzaroteña y abre un debate sobre la autonomía con la que deben funcionar las comisiones encargadas de garantizar y evaluar la aplicación de la Ley de Eutanasia.
