Diez años después comenzó la pieza principal del Caso Unión
Las defensas en las cuestiones previas cuestionan la instrucción pidiendo anulación de varias pruebas obtenidas de manera presuntamente irregular
- Lancelot Digital
- Suso Betancort
Diez años después de iniciarse las investigaciones arrancaba este viernes, día 1, en el Palacio de Justicia de Lanzarote una de las piezas del ruidoso caso Unión donde se investiga principalmente el cobro de comisiones ilegales y la posible financiación ilegal del PIL de la época de Dimas Martín en el ayuntamiento de Arrecife cuando los insularistas cogobernaban con el PSOE de Espino.
En principio está previsto que la Audiencia Provincial celebre 15 jornadas entre Lanzarote y Gran Canaria donde se sentarán en el banquillo de los acusados 14 personas entre antiguos cargos públicos del PIL, técnicos y funcionarios y empresarios. El juicio podría prolongarse hasta finales del mes de marzo.
En esta primera jornada varias de la defensas dentro de las cuestiones previas han cuestionado la instrucción y han pedido la anulación de las pruebas que han obtenido para ellos de manera irregular. Algunas de las defensas, de hecho, solicitaron la anulación del juicio. En cambio, la Fiscalía, rebatió los argumentos de que la primera grabación de Espino con Becerra fuera decisiva en esta pieza judicial. Incluso, aseguró que el Caso Unión no nace por la famosa grabación que las defensas consideran ilegales, sino por la denuncia que hiciera José Antonio Castellano. Éste denunció que desde el PIL se le había pedido una comisión a cambio de pagarle unas facturas de su empresa que prestaba un servicio al Ayuntamiento de Arrecife.
El principal acusado de esta pieza es Dimas Martín, para el que la Fiscalía solicita 17 años de cárcel por considerarle el cabecilla de una red de exigencia de comisiones ilegales por obras y servicios en el Ayuntamiento de Arrecife a través de varios concejales del PIL.
Para el exconcejal de esa formación, Antonio Machín, piden 14 años, mientras que a Ubaldo Becerra también le piden 17 años pero al confesar los hechos se reducirá la petición de años de prisión.
En el banquillo también se sientan varios funcionarios: uno de ellos del Cabildo, Antonio Cárdenas, que se enfrenta a la petición de dos años y cuatro meses de cárcel, y el resto de Arrecife: Elena Martín, hija de Dimas Martín; el exjefe de la Oficina Técnica Rafael Arrocha; y el ex interventor, Carlos Sáenz.
El resto de los imputados son los empresarios que trabajaban para el Ayuntamiento y que entregaron comisiones a los cargos públicos. Todos han reconocido los hechos y han devuelto una parte del dinero, excepto Samuel Lemes. Se trata de Jesús Manuel Martín Brito, Manuel Reina Fabre y Antonio Gómez Ruiz, José Miguel Rodríguez y Matías Curbelo también acusados ha fallecidos.
También esta pieza separada del Caso Unión se coló la acusación al conocido empresario Juan Francisco Rosa por haber contratado una de sus empresas a Dimas Martín considerando el fiscal que lo hizo para que obtuviera el tercer grado carcelario.
