Dolores Corujo acudirá, asistida por un abogado, a declarar en el caso Sosa

La Fiscalía estudia un decreto de 2020 mientras la expresidenta del Cabildo rechaza las acusaciones y denuncia una ofensiva política de Coalición Canaria

La secretaria general del PSOE de Lanzarote y expresidenta del Cabildo, Dolores Corujo, ha salido al paso de las informaciones publicadas este miércoles en las que se afirmaba que había sido imputada por la Fiscalía de Lanzarote dentro del denominado caso Sosa. Corujo rechaza esa versión y asegura que no tiene la condición de investigada ni de imputada. Además, defiende la legalidad de todas sus actuaciones y acusa a Coalición Canaria de intentar utilizar este asunto con fines políticos. La Fiscalía analiza una denuncia presentada por el director de Presidencia y asesor jurídico del presidente del Cabildo, David Monte. La denuncia se centra en un decreto firmado por Corujo en diciembre de 2020. Coalición Canaria sostiene que esa resolución benefició al entonces consejero Juan Manuel Sosa, cuya salida de la formación nacionalista resultó determinante para la estabilidad del gobierno insular durante el anterior mandato.

Sobre este asunto se pronunciaba Pedro San Ginés, uno de los dirigentes más críticos con la actuación de Sosa, refiriéndose tanto al contenido del decreto como a los presuntos cobros irregulares investigados. “El decreto básicamente dice dos cosas. Una, que ella se ratifica en la dedicación exclusiva de Juan Manuel Sosa, y eso no puede ser porque nunca la tuvo y lo sabía. Por eso decimos que es prevaricador. Lo sabía porque se lo había dicho la interventora. Cuando antes había pretendido que pagase el cabildo, la interventora le dijo: "No, porque este señor no tiene dedicación exclusiva en este cabildo, porque usted no se la dio". Ella pretendió hacer ver una dación de cuentas como que aquello era un acuerdo plenario que ratificaba algo que no se había producido. Lo que no se produjo no se puede ratificar y ahí pudiera estar la prevaricación. Y, en segundo lugar, ese decreto decía que si el Gobierno anulaba sus resoluciones, como presumiblemente iba a ocurrir, y ocurrió porque eran ilegales, que ella se reservaba el derecho a cambiar su propio decreto. Eso es básicamente lo que dice el decreto. La intención, que teniendo dedicación exclusiva fuese el cabildo quien finalmente pague lo que tiene que devolver Juan Manuel Sosa. Y la incoherencia es si usted cree que tenía dedicación exclusiva con cargo al cabildo, entiéndase por qué cobraba dietas y comisiones si ningún consejero del Cabildo liberado con dedicación exclusiva cobra dietas y comisiones. Pues porque no la tenía y miente en ese decreto”.

Preguntado por la situación procesal de Dolores Corujo, San Ginés aseguró que se trata de una cuestión más semántica que jurídica. “Ella dice que va a ir a declarar voluntariamente. No sé si se levantó un día por la mañana y se le ocurrió, o más bien será que la Fiscalía la ha llamado a declarar primero como testigo y a raíz de los documentos aportados, dicen que como sospechosa. Lo cierto es que se está investigando un decreto que firmó ella, que tiene que ir con un abogado y yo no voy a entrar en esa cuestión semántica de si es investigada, sospechosa o qué. Se está investigando un decreto y se investiga ahora porque Juan Manuel Sosa pretendió lo que ella intentaba con ese decreto, y es que sea el cabildo quien devuelva los trescientos mil euros, es decir, que sea la sociedad lanzaroteña quien solvente los desmanes que ellos cometieron en contubernio con el Gobierno de Canarias”.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa estudiando la documentación aportada para determinar si existen indicios suficientes para seguir adelante con las actuaciones. Entre las posibilidades que se analizan figura la toma de declaración tanto a Dolores Corujo como a Juan Manuel Sosa.