¿Dónde van a vivir todos los inmigrantes regularizados por Sánchez?

Astrid Pérez critica la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno

La presidenta del Partido Popular de Lanzarote y La Graciosa, Astrid Pérez, ha expresado su rechazo a la regularización extraordinaria de migrantes cuya tramitación urgente fue aprobada recientemente por el Consejo de Ministros. La dirigente popular considera que la medida impulsada por el Ejecutivo central carece de planificación y puede generar importantes consecuencias sociales y económicas.

Según Pérez, la iniciativa, impulsada mediante un Real Decreto tras un acuerdo del Gobierno con Podemos, permitiría regularizar a más de medio millón de personas que se encontraban en España antes del 31 de diciembre. La dirigente popular sostiene que esta decisión se ha adoptado sin debate parlamentario, lo que, a su juicio, limita el control democrático sobre una medida de gran impacto.

La presidenta insular advierte de que la regularización podría provocar un incremento de los flujos migratorios hacia España, especialmente hacia Canarias, por su condición de frontera sur europea. En este sentido, señala que la medida podría generar un posible “efecto llamada”.

Pérez también plantea dudas sobre la capacidad de integración de las personas que se beneficiarían de la regularización y sobre el impacto que esta situación podría tener en los servicios públicos. Entre las cuestiones que considera pendientes de aclarar, menciona la financiación necesaria para reforzar áreas como sanidad, educación, vivienda o servicios sociales, así como el papel que deberán asumir las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

En materia de vivienda, la dirigente del Partido Popular sostiene que el actual contexto de falta de vivienda pública podría agravarse si no se adoptan medidas complementarias para atender el aumento de la demanda. En su opinión, la ausencia de planificación podría derivar en una mayor presión sobre los recursos existentes.

Astrid Pérez defendió que su partido apuesta por una política migratoria “ordenada, eficaz y respetuosa con la legalidad”, y aseguró que la propuesta del Gobierno puede agravar problemas estructurales si no va acompañada de medidas de integración y planificación adecuadas.