Doreste cree también que se debió anular la grabación de Espino
El presidente del TSJC discrepa del voto de sus dos compañeras de Sala y cree que tampoco son válidas las grabaciones telefónicas
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El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el magistrado Antonio Doreste, cree, al contrario de lo acordado por sus dos compañeras de Sala, que la famosa grabación inicial de Espino que dio pie al “Caso Unión” debieron ser anuladas por entender que se hicieron a petición de la Unidad Especial de la Guardia Civil sin orden judicial previa, coincidiendo con las tesis del Juez Alba.
Este magistrado de la Audiencia Provincial había declarado nula esa grabación inicial y también varios autos del Juez Pamparacuatro que ordenó grabaciones telefónicas cuando estaba nombrado formalmente un sustituto.
Precisamente ahora Doreste coincide también con Alba en que se debieron anular al menos los autos de grabaciones telefónicas que el instructor Pamparacuatro realizó cuando no estaba en su Juzgado y había nombrado formalmente un sustituto.
El Juez Alba había puesto, con su sentencia emitida hace un año, en jaque este caso judicial muy politizado y donde, más allá de la presunta corrupción detectada en varios estamentos públicos, sobre todo en el Ayuntamiento de Arrecife, se cometieron múltiples errores e irregularidades en la instrucción a cargo del Juez Pamparacuatro.
La sentencia de Alba originó un revuelo judicial importante no sólo por su situación personal, apartado ahora de la carrera judicial, sino porque algunos juristas entendían que con esa sentencia se activaba la 'Teoría del fruto del árbol envenenado' y podía caer todo el “Caso Unión”, lo que hubiera sido un escándalo tras el revuelo mediático que se originó de manera premeditada con detenciones televisadas y la exageración de acusados y acusaciones que han recaído sobre ellos. Una veintena de ellos estuvieron retenidos en calabozos policiales y algunos pasaron varios meses en prisión preventiva, tras ser puestos en libertad, en algunos casos, sin cargos.
La sentencia conocida ayer del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (ver sentencia) no entra a valorar la carga de la prueba de lo que se recoge en esas grabaciones anuladas y activadas de nuevo por el TSJC, sino que ahora será en el juicio donde los magistrados valoren todas la presuntas irregularidades denunciadas por Luis Lleó y el valor incriminatorio de estas pruebas.
