El abogado del convenio de Yudaya cobró 84.000 euros meses antes de que el juez lo validara

Las investigaciones emprendidas por el Cabildo por ese polémico acuerdo urbanístico de la época de Carlos Espino siguen aportando dudas legales

Lancelot Digital

Meses antes de que el famoso convenio de Yudaya tuviera efectos prácticos, el abogado Agustín Domingo Acosta cobró la minuta a los hermanos Domínguez. Eso se deduce de las investigaciones abiertas por el Cabildo de Lanzarote de la firma de ese polémico convenio urbanístico cuyo principal promotor fue el por aquel entonces consejero socialista de Política Territorial del Cabildo, Carlos Espino, imputado ahora por el caso de los Centros Turísticos.

El abogado que redactó el acuerdo urbanístico y que permitió a la empresa Yudaya “salvar” sus licencias para construir un hotel en el Plan Parcial Castillo del Águila cobró para algunos una altísima minuta de 83.000 euros a los hermanos Dominguez, meses antes de que el juez se pronunciara y desestimara el contencioso administrativo del Cabildo contra la referida empresa.

En ese ya famoso convenio supuso que el Cabildo retirase un contencioso administrativo contra el ayuntamiento de Yaiza a cambio de que la empresa promotora Yudaya S.L., entre otras cosas, redujera en 83 plazas turísticas planeadas en un complejo hotelero en el Plan Parcial Castillo del Águila.

Hay que recordar que el letrado había pasado una minuta de 16.000 euros al Cabildo por el pleito que la primera institución insular seguía contra esa licencia de construcción y que finalmente en virtud a ese convenio pudo facturar 84.000 euros, devolviendo lo cobrado inicialmente al Cabildo. Esa onerosa cantidad resultó más beneficiosa para el despacho de abogados que si hubiera seguido con el pleito contra el Ayuntamiento de Yáíza, cosa que negoció el entonces socialista y consejero Carlos Espino. Un convenio que a la postre resultó nulo de pleno derecho y que fue validado en su día por un informe jurídico del que fuera hasta hace unos meses Jefe del Plan Insular de Ordenación del Territorio de Lanzarote, Polo Díaz.

Para algunas fuentes jurídicas consultadas llama altamente la atención que antes de validarse el convenio de Yudaya por el juez, el abogado haya cobrado íntegramente la minuta de 84.00 euros. Se preguntan qué hubiera pasado si el juez no hubiese aceptado ese convenio.