El alquiler pendiente del Congreso

Las nuevas medidas enfrentan la protección de los inquilinos con el temor de los propietarios a una menor oferta

Miles de inquilinos y propietarios siguen con atención y preocupación lo que ocurra mañana en el Congreso de los Diputados, donde está prevista la aprobación de los dos reales decretos sobre el alquiler de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros.

El primero, con mayores posibilidades de salir adelante, incorpora medidas que refuerzan la protección de los inquilinos, mientras generan incertidumbre entre los pequeños propietarios, especialmente entre quienes tienen menos de cinco viviendas en alquiler.

La nueva normativa contempla, entre otras medidas, una mayor protección para los inquilinos vulnerables, que no podrán ser desalojados hasta 2030 en determinados supuestos. Además, quienes tengan contratos que finalicen antes de diciembre de 2028 podrán solicitar una prórroga de hasta dos años, sin que el propietario pueda incrementar la renta durante ese periodo.

Los pequeños arrendadores consideran que se está trasladando sobre ellos parte de la responsabilidad de solucionar un problema que, a su juicio, corresponde principalmente a las administraciones públicas: la escasez de vivienda disponible para alquilar.

Expertos y analistas del sector advierten, además, de que algunas de estas medidas podrían producir efectos contrarios a los perseguidos. Entre ellos, una menor construcción de vivienda, la retirada de inmuebles del mercado del alquiler o el freno a nuevos propietarios que actualmente se plantean poner sus viviendas en arrendamiento.

A ello se suma el riesgo de una elitización del mercado del alquiler: si la oferta continúa reduciéndose, algunos propietarios podrían endurecer los criterios para elegir inquilino y priorizar a quienes tengan mayores ingresos y más garantías económicas. El resultado podría ser un mercado con menos viviendas disponibles y más dificultades de acceso para los hogares con rentas más bajas.