El Ayuntamiento de Arrecife decide que la empresa Urbaser siga recogiendo la basura hasta mayo de 2013

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El Ayuntamiento de Arrecife ha decidido prorrogar hasta el 5 de mayo del 2013 el actual contrato de concesión del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos, que dejaba de tener vigencia a partir del próximo 1 de octubre, con el objetivo de que su nueva fecha de finalización coincida con la del contrato de limpieza viaria y a partir de ahí abrir un nuevo concurso para la prestación unificada de ambos servicios.

Así lo han argumentado desde el Grupo de Gobierno capitalino en un Pleno municipal extraordinario celebrado en la mañana de este miércoles 26 de septiembre, en el que también se han tratado la caducidad de los expedientes iniciados contra Urbaser por supuestos incumplimientos de contrato en los que ha incurrido durante la gestión de esos servicios y la imposición de una nueva multa de 3.000 euros, en este caso por no haber facilitado al Ayuntamiento la información requerida en el marco de dichos expedientes.

En estos dos últimos puntos, el Grupo de Gobierno -en minoría- ha sumado el voto favorable de la concejal “disidente” del PIL Emilia Perdomo y de los dos integrantes de Alternativa Ciudadana, que además ha sido el único partido de la oposición que ha votado a favor de la extensión del contrato de recogida de residuos, a pesar de que durante el turno de intervenciones llegó a calificarla como “el punto de lo absurdo”.

No obstante, desde el partido asambleario han intentado despejar cualquier suspicacia y su portavoz, Blanca Blancas, ha justificado este acompañamiento por “responsabilidad y coherencia, porque al haber estado en el Grupo de Gobierno tenemos conocimiento de cómo está la situación (entre el Ayuntamiento y Urbaser) y creemos que esto es lo que le conviene a Arrecife”.

Sin embargo, minutos antes la propia Blancas había considerado “absurdo” que “acabamos de tratar tres puntos para penalizar a Urbaser y el siguiente es para ampliarle el contrato”. Además, criticó que no se haya planteado esta cuestión con más antelación, porque “parece que en el Ayuntamiento de Arrecife siempre llegamos a todo con prisas y asfixiados“.

Los mismos argumentos exhibieron desde el resto de la oposición -que finalmente se abstuvo en la votación- para criticar esta prórroga del contrato “sin alterar las condiciones técnicas y económicas en las que se venía prestando” y para el que se dispondrán 1.600.000 euros, según el acuerdo de comisión alcanzado el pasado lunes 24.

Para el portavoz del PIL, Juan Jesús González Docal, la “relación tortuosa del Ayuntamiento con la adjudicataria” haría pensar que “deberíamos estar hace un año esperando que llegue el 1 de octubre para que finalice el contrato y poder sacar el nuevo concurso, pero lo que hacemos es seguir medio año más”.

Más drástico fue el portavoz del Partido Popular, Cándido Reguera, quien criticó que “les decimos (a Urbaser) que son unos inútiles y que hacen las cosas mal, pero que tienen que quedarse seis meses más. Encima de que los penalizan, les obligan a ampliar el contrato y además quieren imponerles las condiciones; lo mínimo es ponerse de acuerdo en eso y procurar no tener que verse en los tribunales. Pero lo que había que hacer por el interés general de Arrecife era acortar el contrato de limpieza para hacerlo coincidir con el de la basura ahora en octubre, y no al revés”.

Lo más curioso del caso es que la propia empresa concesionaria no tendría interés alguno en seguir prestando el servicio, aunque el Grupo de Gobierno asegura que le puede obligar a hacerlo. Según el concejal de Limpieza, Víctor Sanginés, “existe una cláusula contractual que faculta al Ayuntamiento a modificar el contrato y sus plazos por razones de interés público”, de la misma forma que el portavoz de Coalición Canaria, Orlando Umpiérrez matizó que “por ley, el órgano contratante impone las condiciones”.

Respecto a la unificación a partir del concurso del próximo año de los tres servicios actualmente en manos de Urbaser, Sanginés aseguró que supondrá para Arrecife “ventajas técnicas y también un importante ahorro de dinero”.

Reinicio de expedientes

Antes de la prórroga del servicio durante los próximos seis meses, el Pleno municipal trato la caducidad (por el vencimiento de los plazos administrativos) de los expedientes que se habían iniciado contra Urbaser en marzo pasado y la apertura de un nuevo proceso por supuestos incumplimientos del contrato de concesión.

Estos tres puntos (uno por cada servicio prestado por la empresa) se trataron de forma unificada y contaron con el voto a favor del Grupo de Gobierno, de Alternativa Ciudadana y de Emilia Perdomo, mientras que el resto se abstuvo, lo cual no fue óbice para que todo el arco opositor fuera muy crítico con las autoridades municipales durante su turno de palabra.

El popular Cándido Reguera lamentó que “en seis meses han sido incapaces de gestionar el expediente y ahora estamos tratando de ver cómo escapar, cómo salvar los muebles de su incapacidad”, mientras que Pedro de Armas (PNL) pidió explicaciones porque “aquí ha habido un fallo y hay un responsable de que no se haya llevado a efecto un mandamiento del Ayuntamiento”, lo que “al final también va a traer consecuencias económicas porque conlleva un coste” para la Corporación”.

Desde el PIL, González Docal advirtió sobre “una falta de responsabilidad clara del Grupo de Gobierno y connota una debilidad en la administración“. También preguntó “por qué caducan los expedientes, quién es el culpable y cuánto nos cuesta la contratación de personas externas que no han hecho el trabajo”.

El martes 25, el teniente de alcalde José Montelongo había justificado el retraso en la tramitación de estos expedientes porque la empresa Urbaser no entregó al Ayuntamiento la documentación que se le había requerido para poder avanzar en el proceso, pero en el Pleno de este miércoles, el concejal Víctor Sanginés añadió que “la baja médica de la persona que estaba a cargo de ese trabajo ha retrasado todo”, argumento que también fue muy criticado por la oposición.

Multa de 3.000 euros

En el último punto del Pleno, donde el Grupo de Gobierno se vio respaldado también por Alternativa Ciudadana y Emilia Perdomo, frente a la abstención del resto de concejales, se decidió imponer una nueva multa de 3.000 euros a Urbaser por la mencionada omisión de información requerida por el Consistorio, lo que se ha considerado una “falta muy grave” y ha merecido el “máximo (castigo económico) exigible según los técnicos”, apuntó José Montelongo, quien insistió en que esta multa “no tiene nada que ver con el resto de las penalidades” que el Ayuntamiento había puesto en marcha contra la empresa a través de esos expedientes que han caducado y que ahora habrá que volver a incoar.