El Ayuntamiento de Arrecife recurrirá el fallo del TSJC para impedir la demolición de los edificios antiguos

Fuentes cercanas a los propietarios de los edificios afectados consideran que la decisión del Consistorio es “una burla más” para no cumplir lo que la justicia ha dictado

Lancelot Digital
Foto: Archivo Lancelot

El Ayuntamiento de Arrecife recurrirá el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que da la razón a los propietarios de edificios antiguos, según ha anunciado el concejal de Urbanismo, José Montelongo, en Lancelot Es Radio. El Consistorio pretende impedir así la demolición de los inmuebles que, desde hace años, cuentan con licencias de derribo.

Fuentes cercanas a los propietarios de los edificios afectados consideran que esta decisión del Ayuntamiento es “una burla más” para no cumplir lo que la justicia ha dictado. Así, se ser así, los propietarios podrían recurrir a lo penal y presentar una querella contra el Consistorio. Y es que, ya el propio TSJC califica de “desviación de poder” la actuación del Consistorio para evitar la demolición de los inmuebles. Entiende el TSJC que los acuerdos adoptados en su día por el Ayuntamiento para impedir las demoliciones y que los informes técnicos y jurídicos que avalaron la decisión del Ayuntamiento fueron emitidos contraviniendo lo que la legislación establece.

Hay que recordar que ya en julio del año pasado el Tribunal Supremo anuló el Catálogo Arquitéctonico por el que estos edificios estaban protegidos. Sin embargo, entonces, el pleno de Arrecife acordó denegar la demolición de los inmuebles con licencia, así como suspender la concesión de nuevas licencias en este mismo, fundamentando su decisión en que estos edificios se iban a incorporar a un nuevo catálogo municipal que se estaba elaborando y que se iba a incorporar al Plan General.

En un principio, las licencias se suspendieron por un plazo de seis meses, que se cumplió en marzo, pero dado que para entonces el documento de planeamiento no se había llevado todavía a aprobación inicial, decidió suspender las licencias durante cuatro meses más e, incluso, iniciar expedientes para revocar las mismas.

Los propietarios de los edificios decidieron entonces recurrir a la justicia, al considerar que la decisión del Ayuntamiento era una burla a la propia sentencia del Tribunal Supremo.