El Ayuntamiento de Yaiza insiste en el carácter urbano de los núcleos costeros de El Golfo y Playa Quemada
Solicita al senador por Lanzarote que allane el camino en Medio Ambiente antes de la modificación de la Ley de Costas
Lancelot Digital
Foto: Prensa Ayuntamiento de Yaiza
Representantes del Ayuntamiento de Yaiza se han reunido con el senador por Lanzarote, Óscar Luzardo, para pedirle que interceda ante el Ministerio de Medio Ambiente para reafirmar el carácter urbano de los núcleos costeros de El Golfo y Playa Quemada antes de que la modificación de la Ley de Costas prevista por el Gobierno central llegue a las Cortes y evitar así la amenaza de derribo que pesa sobre las edificaciones más próximas al mar.
El primer teniente de alcalde sureño, José Antonio Rodríguez, y los concejales Juan Lorenzo Tavío y Roque Herrera le han solicitado este jueves 4 de octubre a Luzardo su implicación directa en este asunto, entendiendo que la vía de comunicación entre la Oficina Técnica de Yaiza y la Dirección General de Costas (dependiente de Medio Ambiente) permanece abierta con un flujo de documentación acreditativa y ahora de lo que se trata es de reforzar la gestión política.
El senador por Lanzarote ha asumido “con gusto” la petición del gobierno municipal y ha adelantado que existe consenso para buscar una solución al problema que permita garantizar la actividad económica de bares y restaurantes a través de la modificación de la Ley de Costas, cuya tramitación en las Cortes Generales del Estado prevé que comience antes de finalizar el año, según un comunicado de prensa emitido por el Ayuntamiento de Yaiza.
Según expresó Luzardo, la reforma legislativa “pretende compatibilizar la protección de las costas con el crecimiento económico y la seguridad en el empleo, y preservar los derechos de las personas físicas y jurídicas con propiedades en zonas del litoral”.
En un anterior encuentro con el senador, el Ayuntamiento sureño había insistido en la necesidad de flexibilizar los requisitos para favorecer una aplicación homogénea de la ocupación del dominio público marítimo-terrestre por establecimientos de comidas y bebidas en el litoral, teniendo en cuenta los intereses de los ciudadanos.
