El Ayuntamiento rectifica y ahora dice que recurrirá la sentencia sobre el Catálogo Histórico
Contramarcha sólo cuatro horas después de que el concejal de Urbanismo aseguró que no recurrirían porque “lo tenemos perdido totalmente”./ Escúchelo
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C. S.
Foto: Javier Sáenz
Marchas y contramarchas en el Ayuntamiento de Arrecife en relación a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que declara ilegal la suspensión de licencias del Catálogo Histórico de Arrecife, y que a su vez deja sin efecto dicho instrumento de protección. Primero, las autoridades municipales habían dado “instrucciones” de que la sentencia no sea recurrida, pero después han rectificado y afirman que sí presentarán un recurso.
Así, el Consistorio recurrirá pese a que considera que es un caso que “tenemos perdido totalmente”, ya que el decreto objeto de la impugnación admitida por el TSJC “es nulo de pleno derecho”, tal como “ya habíamos advertido cuando estábamos en la oposición”, según ha señalado el concejal de Urbanismo de Arrecife, Pedro de Armas, a Lancelot Digital.
Este medio habló a primeras horas de esta mañana con el alcalde capitalino, Cándido Reguera, precisamente para saber si el Ayuntamiento iba a recurrir la sentencia, y el primer edil remitió las declaraciones sobre el tema a Pedro de Armas. Cerca de las 10:00 horas, el concejal de Urbanismo afirmó con rotundidad que la sentencia no sería recurrida, amparándose en “los informes jurídicos que tenemos”, pero tan sólo cuatro horas después, el Departamento de Prensa del Ayuntamiento se puso en contacto con Lancelot Digital para corregir a De Armas, afirmando que “finalmente la decisión es recurrir la sentencia”, justificando dicha decisión, paradójicamente, también en “informes jurídicos”.
La sentencia del TSJC declara nula la ampliación de la suspensión de licencias durante tres años por parte del Ayuntamiento, establecida durante el mandato de Enrique Pérez Parrilla como alcalde a través de un decreto, por exceder los dos años que como máximo establece la ley. Ese decreto fue firmado fundamentalmente para impedir la demolición de la antigua librería Lasso en el centro capitalino, y del antigua edificio de la Guardia Civil en La Plazuela. De hecho, fue aprobado dos días antes de que la fecha en que iban comenzar dichas demoliciones.
