El Cabildo espera la decisión de los jueces tras el archivo solicitado por la Fiscalía

El asesor jurídico del Cabildo afirma que el Tribunal Supremo tendrá la última palabra sobre el decreto firmado por Dolores Corujo

El asesor jurídico de la Presidencia del Cabildo, David Montes, reconoce que ha recibido con sorpresa la petición de archivo del conocido decreto de Dolores Corujo, firmado en su etapa como presidenta de la institución para, según sostiene el Cabildo, blindar los intereses del tránsfuga Juan Manuel Sosa. Considera que los argumentos de la defensa de los abogados del PSOE pudieron confundir a la Fiscalía del Supremo, al plantear una interpretación contraria a la mantenida por la Fiscalía de Arrecife, que entendió que existían al menos indicios suficientes para investigar. “Entiendo que los abogados del Partido Socialista fueron capaces de convencer al fiscal del Tribunal Supremo, que, en contra del criterio mantenido por la Fiscalía de Arrecife, decretó el archivo de las diligencias preprocesales”.

En ese sentido, señala que la Fiscalía del Supremo solicita el archivo al entender que existía un decreto previo de Función Pública que, de alguna manera, amparaba el decreto firmado por Corujo, cuyo objetivo era garantizar que el tránsfuga Juan Manuel Sosa siguiera percibiendo el sueldo correspondiente a su plaza de médico. “El fiscal parte de la premisa de que María Dolores Corujo no podía actuar de otra manera porque existía una resolución previa de la Comunidad Autónoma. Sin embargo, esa resolución ya partía, a nuestro juicio, del engaño creado por el señor Sosa para seguir cobrando su sueldo como médico cuando realmente solo tenía derecho a percibir las dietas y asistencias como consejero”, asegura.

David Montes señala que ahora serán los jueces del Tribunal Supremo quienes, a la vista del informe de la Fiscalía, decidan si cierran definitivamente el caso o continúan con su tramitación. “Lo que se ha archivado son las diligencias preprocesales. Ahora corresponde a los magistrados del Tribunal Supremo decidir si el conocido decreto puede constituir un presunto delito o si, por el contrario, se trata únicamente de una irregularidad administrativa. Ellos tienen la última palabra”.

En cualquier caso, el asesor jurídico aseguró que el Cabildo seguirá adelante con el caso Sosa para evitar asumir el pago de los cerca de 300.000 euros que este percibió como sueldo de médico mientras ejercía como consejero de Sanidad, una cantidad que ahora le reclama el Servicio Canario de la Salud (SCS).