El Cabildo estudia acudir al Tribunal Supremo para que la Audiencia Provincial no deje de venir a Lanzarote

Ante una petición del Colegio de Abogados, después de que varios magistrados de Las Palmas hayan presentado un recurso contra la obligatoriedad de desplazarse a Lanzarote

Yolanda Téllez

Foto: Archivo Lancelot

El Cabildo está estudiando acudir al Tribunal Supremo, para que se sigan celebrando juicios de la Audiencia Provincial en Lanzarote, después de que varios magistrados hayan recurrido una resolución del Consejo General del Poder Judicial, en la que se establecía la obligatoriedad de que las distintas secciones penales se desplazasen a la isla.

Fue el Colegio de Abogados de Lanzarote, quien así se pidió al Cabildo, a través de un escrito que registró en la institución. Desde la primera institución de la isla han trasladado su apoyo a  la petición de los abogados de la isla y han asegurado que los servicios jurídicos estudiarán la misma con el fin de ver si personarse en la causa o no.  

Y es que, de prosperar el recurso de los magistrados, según el Colegio de Abogados, éstos “quedarían facultados para celebrar los juicios en Las Palmas, debiendo desplazarse a Gran Canaria un número importante de personas entre abogados, perjudicados, peritos, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, etc”.

Con este hecho, a juicio de los abogados de la isla, “no sólo se aleja la Justicia del ciudadano sino que, además, se produce desigualdad, y un manifiesto retroceso en la prestación de un servicio público esencial como es la Administración de la Justicia, en una isla cuya población supera los 145.000 habitantes de derecho”.

De prosperar la pretensión de los magistrados, “se pondría en grave riesgo un principio básico como es la igualdad de los ciudadanos ante la ley, convirtiéndose por este motivo a los conejeros en ciudadanos de peor derecho que los de las Islas capitalinas, pudiendo llegar a producirse una importante quiebra, no sólo de los derechos jurídicos-procesales de los residentes en nuestra isla, sino también de los derechos políticos y sociales del conjunto de la sociedad conejera”.

Por ello, el Colegio de Abogados solicitó al Cabildo que se personara en la causa ante el Supremo. Hecho que ahora la institución cabildicia confirma que está estudiando