El Cabildo inicia el reglamento para declarar 'zona sensible' al Aeropuerto y al Puerto de Arrecife

La medida busca ordenar el servicio de taxis en los puntos con mayor demanda de viajeros

El Cabildo de Lanzarote acogió ayer un pleno con diversos puntos, siendo uno de gran relevancia para la isla como es la aprobación de iniciar el reglamento para declarar zonas sensibles para el transporte como son el Aeropuerto César Manrique y el Puerto de Arrecife. “Hay puntos donde históricamente existe un mayor volumen de personas que necesitan un transporte adecuado. Los datos de 2024 indican que el Aeropuerto de Lanzarote registró un volumen de 8,7 millones de pasajeros y el Puerto de Arrecife alrededor de 600.000. Eso es lo que nos ha llevado a impulsar la declaración de área sensible tanto para el aeropuerto como para el puerto de Arrecife”, señala Miguel Ángel Jiménez, consejero de Transportes del Cabildo de Lanzarote.

Jiménez valoró el entendimiento y la buena voluntad de cooperativas y demás intervinientes en este proceso. “Ha sido un camino de mucho diálogo con las tres cooperativas del taxi de Lanzarote, conjuntamente con los ayuntamientos de San Bartolomé y Arrecife. Quiero agradecer su colaboración, su entendimiento y la importancia que han dado a la creación de esta área sensible. Creo que esto va a marcar un antes y un después porque responde a una demanda de la isla de Lanzarote”.

Desde la oposición UPY y Vox hicieron una valoración positiva de este reglamento. “Entiendo que durante este proceso habrá aportaciones de los distintos colectivos e incluso de las propias cooperativas. En definitiva, se trata de elaborar entre todos un documento que, tal y como se explicó en la comisión informativa, puede ser un paso hacia la prestación conjunta del servicio. Salvando determinadas condiciones y dependiendo de cómo se desarrolle, creo que puede funcionar bien y beneficiar a todo el sector de la isla”, señaló Óscar Noda, portavoz de UPY en el Cabildo de Lanzarote.

Por su parte, Óscar Pérez, consejero de Voz, apunto que “se trata de regular, precisamente, las zonas más sensibles, que en este caso son el aeropuerto y el Puerto de Arrecife. Esperemos que con esta medida mejoren todas esas actuaciones que usted ha mencionado. Esperamos poder presentar alguna propuesta o alegación durante el periodo de exposición pública de treinta días. En cualquier caso, vamos a votar a favor porque creemos que este reglamento es más que necesario”.

El Partido Socialista considera que esta medida llega tarde y que no se ha efectuado la licitación del contrato de transporte público. “El tiempo dirá si esta medida que hoy se aplica en Lanzarote funciona o no. Eso solo lo sabremos con el paso del tiempo. Lo importante es que hemos tardado tres años en llegar hasta aquí. Como ya dije en el anterior pleno, son tres años perdidos, aunque más vale tarde que nunca. Donde no hemos llegado es a licitar el contrato de transporte regular de viajeros, a pesar de que les dejamos los pliegos preparados. Y fíjese que digo licitar, no adjudicar, porque con ustedes, como mínimo, necesitaríamos tres años más”.

Estas declaraciones de Ariagona González tuvieron rápida respuesta del consejero del área. “Lo que usted está diciendo sobre el transporte parece una novela negra. Es cierto que el Estado aprobó hace un par de años el real decreto para la gratuidad del transporte público y destinó una cantidad de dinero para ello. ¿Qué ha ocurrido? Que el uso del transporte público ha aumentado de forma considerable. En Lanzarote hemos registrado unos 75.000 usuarios más cada mes. Por tanto, tan mal no lo estaremos haciendo cuando cada vez más gente utiliza el transporte público. Ese es un dato objetivo, aunque usted tenga una opinión distinta. El problema es que la financiación inicial era insuficiente. Se destinaban 100 millones de euros para todo el transporte público gratuito de Canarias y esa cantidad no era suficiente. Se incrementó la financiación, pero al no haberse aprobado los Presupuestos Generales del Estado, no existe una partida presupuestaria que permita cubrir ese incremento. Esa es la realidad”.

Finalizó Jiménez recordando que el Cabildo solo puede ayudar con medidas como esta, haciendo alusión que las licencias de taxi y el servicio público general es competencia de los ayuntamientos.