El Cabildo iniciará el expediente de revisión de la tasa al combustible

El Grupo de Gobierno anuncia que lo hará "por respeto a la representatividad democrática y mayorías del Pleno" 

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, anunció este miércoles que "por respeto a las mayorías representadas en el Pleno de la Corporación y por un principio de pluralidad democrática e institucional", el Grupo de Gobierno iniciará el expediente y procedimiento formal establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, para revisar la Ordenanza Fiscal reguladora por la exacción sobre el consumo de combustible de automoción en Lanzarote.

El presidente recordó que "a pesar de que el acuerdo plenario del pasado 3 de abril, adoptado por la mayoría de las fuerzas políticas representadas en la Institución sobre la propuesta de derogar esta tasa, resultase -según informe jurídico de la Secretaría del Cabildo- nulo de pleno derecho y no vinculante su efectividad por haber sido aprobado sin procedimiento alguno, el Gobierno insular ha adoptado la decisión de iniciar el expediente de revisión del denominado impuesto al combustible, al objeto de dar respuesta a dicho acuerdo plenario".

Pedro San Ginés informó al respecto que aunque desde su formación política (el Grupo de Coalición Canaria), "no comparten" las razones por las que el Pleno aprobó dicha moción y que el acuerdo es nulo y carece de efectividad vinculante, "el Gobierno en un ejercicio de pluralidad democrática y respeto a las mayorías, iniciará este proceso de revisión". Esto -según explicó el presidente- "no significará en ningún caso la derogación total de esta tasa, que en el caso de la gasolina data de 1960, sino reconsiderar si mantenerlo al importe máximo, como se viene aplicando en toda Canarias, o rebajar en este sentido el importe". En Lanzarote estaría, según San Ginés, "más que justificado", ya que lo recaudado por este impuesto finalista que se le aplica al distribuidor para la mejora de la movilidad y asfalto de carreteras, solo supone una pequeña parte del total que destina el Cabildo a la mejora de red viaria insular.

El presidente recordó igualmente que "el Cabildo en 2014 lo único que hizo fue buscar una solución al estado en el que se encontraban muchas carreteras del ámbito insular, lo mismo que hicieron los siete Cabildos de Canarias, actualizando una tasa a los "distribuidores" que se encontraba obsoleta desde 1960, respecto a la venta de gasolina, e incorporar la del gasoil". Por cada 1.000 litros de venta de combustible, las distribuidoras han venido pagando al Cabildo unos 20 euros, lo que equivale a unos 2 millones de euros al año para el mantenimiento, mejora y conservación de la red insular de carreteras.

"Esto ha permitido arreglar muchas vías, tanto de titularidad insular como municipal, lo que ha contribuido también al menor desgaste de los vehículos y a aumentar la seguridad de los conductores, sobre todo los del sector transportes que son los que más uso hacen de estas infraestructuras viarias. Además, nada garantiza que los distribuidores vayan a trasladar ahora la rebaja de la tasa al precio de la gasolina. Lo que sí es seguro es que el Cabildo dispondrá de menos recursos para atender sus responsabilidades en materia de carreteras", subrayó el presidente.

La revisión de las ordenanzas fiscales, como informó recientemente la Secretaría General del Cabildo, se deberá ajustar al mismo procedimiento que su aprobación. El expediente deberá ser informado primero por la Intervención General del Cabildo, ya que la reconsideración del impuesto implicará una pérdida de fuente de financiación ya prevista en el presupuesto. El proyecto de revisión deberá ser posteriormente aprobado por el Consejo de Gobierno insular en virtud de los establecido en el artículo 127.a) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. Por último, la aprobación inicial de la revisión de la tasa deberá ser elevada al Pleno de la Corporación, abriéndose después un periodo de información pública.

Por otro lado, el presidente anunció que en cumplimiento igualmente con el acuerdo plenario del pasado 3 de abril, no se recurrirá la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) al respecto del trabajador del Consorcio de Seguridad y Emergencias, procediéndose -por tanto- a su reincorporación.