El Cabildo investiga si hubo pagos al bufete de Acosta por la pretendida ley para regularizar los hoteles ilegales
La institución trata de averiguar si hubo sobrecostes en las facturas
Lancelot Digital
El Cabildo sigue investigando la gestión del ex consejero de Política Territorial, Carlos Espino, y los pagos al bufete de abogados de Agustín Domingo Acosta, del que el entonces vicepresidente del Cabildo, el socialista Manuel Fajardo, era socio. Despacho que llegó a cobrar 900.000 euros. Entre otras cosas, según Canarias 7, se investiga si el letrado asesoró a la institución en la propuesta legislativa que quiso aprobar, en época de Manuela Armas, de Normalización de Establecimentos Turísticos Ilegales, que fue redactada por la Oficina del Plan Insular con Leopoldo Díaz al frente, y si cobró por ello.
Según Canarias 7, el Cabildo indaga en si podría ser uno de los futuros beneficiados de lo estipulado en el artículo 5 del documento, donde se señala que "dentro de los cuatro meses siguientes a la presentación de la solicitud por los interesados (los promotores de los hoteles a legalizar, los servicios del Cabildo emitirán informe técnico y jurídico sobre la viabilidad de la propuesta que haya sido formulada en casa caso". "los gastos que genere la emisión de esos informes y los que pudieran generarse será cuenta de los interesados", se recoge en el texto. Según este diario, la Corporación se pregunta a qué "gastos por generación de informes" se refiere el documento, ya que los mismos debían ser emitidos por técnicos del Cabildo y, por tanto, no tener gastos.
Asimismo, hay que recordar que se investigan los pagos a este abogado por el convenio que en 2006 firmó la primera corporación de la isla con la mercantil Yudaya, propietaria de un hotel, a la que se le retiró un pleito de la moratoria. Convenio que sólo se llevó a cabo con esta empresa y no con el resto de las casi 30 empresas denunciadas por tener complejos turísticos con licencias anuladas en la isla. El Cabildo investiga si hubo sobrecostes en los servicios jurídicos del despacho que llevó la treintena de pleitos a la vista de la norma para legalizar los hoteles que se redactó.
