El Cabildo pierde una nueva batalla judicial contra el petróleo
El Tribunal Supremo rechaza la pretensión de la institución de paralizar las prospecciones cautelarmente a 60 kilómetros de Lanzarote y Fuerteventura
Yolanda Téllez
Foto: Archivo Lancelot
El Cabildo de Lanzarote ha vuelto a perder otra batalla contra el petróleo, después que el Tribunal Supremo haya rechazado de nuevo la pretensión de paralizar de forma cautelar las prospecciones petrolíferas que el Gobierno central autorizó a Repsol a llevar a cabo a 60 kilómetros de la costa de Lanzarote y Fuerteventura. Una solicitud que ya fue hecha por el Gobierno de Canarias y también rechazada por este tribunal.
De hecho, el Tribunal Supremo esgrime los mismos motivos que dio en su día para rechazar el recurso presentado por el Ejecutivo regional y señala que, “siendo incuestionable el valor ecológico de las Islas Canarias y la relevancia del sector turístico, pesquero y portuario para su desarrollo, no cabe eludir que la producción y explotación de hidrocarburos representa un factor económico de especial significación para definir la riqueza de un país, que requiere promover la investigación de yacimientos de esta clase de recursos en áreas concretas”.
En este sentido, la sala considera que “no cabe sostener que, con carácter inmediato, se produzcan perjuicios irreparables o irreversibles al medio ambiente, derivados de la realización de aquellos trabajos exploratorios de prospección que se ejecutarán en el tercer, cuarto, quinto y sexto año, y que se encuentran condicionados a la tramitación y obtención de las autorizaciones correspondientes”.
Así, el Tribunal Supremo no cree que “de la no adopción de la medida cautelar se siga perturbación grave de los valores e intereses medioambientes”, aducidos también por el Gobierno de Canarias y que “son necesariamente compartidos por la Administración del Estado”.
Tanto la empresa, Repsol, como el propio Gobierno central presentaron un escrito mostrando su oposición a la adopción de medidas cautelares que pretendía el Cabildo. Incluso, Repsol pidió que en caso de que se adoptaran esas medidas cautelares, se obligara al Cabildo a pagar una fianza “no inferior a 212 millones de euros, para responder de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar”.
La demanda del Cabildo se presentó el pasado 31 de enero una demanda ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. La solicitud fue en un primer momento rechazada por el Tribunal Supremo mediante providencia del 1 de febrero de 2013, pero fue recurrida por el Cabildo habiendo siendo el pasado mes de marzo admitida a trámite. Ahora, el Supremo se ha pronunciado rechazado la pretensión de la primera institución de la isla.
