El Cabildo pretende recaudar 2,5 millones de euros anuales con una nueva ordenanza para gravar la venta de combustible

El dinero recaudado se destinará al  Plan Plurianual de Mejora, Conservación y Embellecimiento de la Red Insular de Carreteras   

Lancelot Digital
Foto: Archivo Lancelot

El Consejo de Gobierno del Cabildo aprobó este lunes un proyecto para gravar la venta de combustible en Lanzarote, con el que pretende recaudar 2,5 millones de euros anuales frente a los 400.000 que se recaudan actualmente.

Esta nueva ordenanza fiscal reguladora de la exacción sobre el consumo de combustible en la isla de Lanzarote se pretende llevar a la próxima sesión plenaria del 28 de febrero, teniendo prevista la entrada en vigor de la nueva tarifa el 1 de mayo del presente año.

Con este proyecto se modifica y actualiza la ordenanza aprobada por esta institución en 1960, y que “ha quedado obsoleta”. Los vendedores y distribuidores de combustibles de automoción de Lanzarote sólo pagan a día de hoy una tarifa de 0,0079 euros por litro de gasolina vendida. Sin embargo, ahora, tal y como ya hicieron en 2013 los Cabildos de Tenerife y La Palma, y en febrero de este mismo año el Cabildo de Gran Canaria, el Cabildo de Lanzarote resuelve la discriminación existente llevando a cabo una modificación de esta ordenanza “ya desfasada” para gravar la venta no sólo de la gasolina, sino también del gasoil, con una tarifa de 2 céntimos de euros por litro de carburante vendido.

Así, favorece una nueva vía para solventar la “imperiosa necesidad” que tienen los gobiernos insulares de incrementar sus ingresos para mantener las redes viarias de cada isla. Y es que, el dinero recaudado, el grupo de gobierno estará en disposición de poner en marcha el referido Plan plurianual de Mejora, Conservación Y Embellecimiento de todas las carreteras insulares.

Cabe destacar que se trata de una tarifa directa que debieran afrontar únicamente quienes se benefician de la venta de combustible para la automoción, es decir las propias gasolineras y distribuidores “que deben colaborar con la conservación de las vías para que todos los usuarios de las carreteras lanzaroteñas ganen en seguridad y confort, favoreciendo la disminución de los gastos de mantenimiento de sus propios vehículos al verse éstos perjudicados por las deficiencias que presenta la red viaria”.”En ningún caso, esta tarifa está dirigida a los consumidores, al no tratarse de ningún tipo de impuesto indirecto como es, por ejemplo, el IGIC”, afirman desde el Cabildo.

Por tanto, esta tarifa recae en los empresarios, tanto distribuidores y/o vendedores de carburantes, quienes obtienen los beneficios de la venta del combustible, “por lo que parece razonable y lógico que sean quienes contribuyan al mantenimiento de las infraestructuras viarias,  al entenderse que hay suficiente margen para que esta medida no repercuta en los consumidores”, insisten desde la primera institución de la isla.