El caso Koldo se extiende a Canarias
El Gobierno de Fernando Clavijo investiga a empresa del ex asesor del socialista José Luis Ávalos por la posible implicación que tuvo en la compra de mascarillas en la pandemia
El Gobierno de Canarias investiga lo ocurrido en el ‘Caso Koldo’, y lo hace recabando información para saber qué tipo de implicación tuvo el Ejecutivo dirigido por el socialista Ángel Víctor Torres en esta trama. Hay que recordar que los ministerios de Transportes y de Interior, además de las comunidades autónomas de Canarias y de Baleares, figuran entre las víctimas del cobro de comisiones por la compra de mascarillas durante la pandemia por la que ha sido detenido Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos.
Al parecer, tal y como publica Tiempo de Canarias, el Gobierno de Torres compró mascarillas 'a dedo' por valor de casi siete millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, investigada en el ‘Caso Koldo’, el último escándalo conocido en torno a la adquisición de este tipo de material sanitario en los primeros momentos de la pandemia y por el que ha sido detenido, junto a una veintena de personas, Koldo García Izaguirre, en aquel momento asesor del entonces ministro de Transportes, Jose Luis Ábalos. El contrato adjudicado por el Gobierno del Pacto de las Flores asciende a 6,8 millones de euros y fue tramitado a través de un procedimiento de emergencia y sin publicidad.
La adjudicación de este contrato, negociado sin publicidad, se produjo en mayo de 2020, en plena primera ola de la pandemia y antes del nombramiento de Blas Trujillo, cuando Julio Pérez ocupaba de forma accidental el cargo de consejero de Sanidad y Antonio Olivera –actual mano derecha de Torres en el Ministerio– ejercía como director del Servicio Canario de la Salud (SCS).
La investigación que ha desembocado en las detenciones practicadas este martes y miércoles se inició hace casi dos años y se centra en la actividad de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, una compañía sin experiencia en el ámbito sanitario, pero con la que los Gobiernos de Canarias y Baleares o los Ministerios del Interior y Transportes contrataron el suministro de mascarillas. En concreto, el Ministerio Público sospecha que los cabecillas de la trama se habrían lucrado cobrando comisiones ilícitas a través de esos contratos.
En el caso del Gobierno de Torres, el valor del contrato adjudicado a esta empresa ronda los siete millones de euros –casi el doble de lo contratado por Baleares–, lo que lo sitúa en el centro de la investigación, dada su importante cuantía. De acuerdo con los datos recabados por los investigadores, en mayo de 2020 el SCS encargó directamente a Soluciones de Gestión la compra de mascarillas por un valor total de 6,87 millones de euros.
Aunque la empresa cumplió con el encargo, lo cierto es que no todo el material recibido cumplía con las condiciones negociadas directamente entre el Ejecutivo de Torres y la empresa. A su llegada al Archipiélago, se detectó que uno de los lotes suministrados no cumplía con los estándares de calidad previstos inicialmente, por lo que no podían considerarse mascarillas con nivel de protección FFP2. Es decir, no brindaban el grado de protección necesario para garantizar que los profesionales de la sanidad pública pudieran desarrollar su trabajo con plenas garantías de protección ante el virus, en uno de los momentos más críticos de la pandemia.
Torres asegura su colaboración con la justicia
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este jueves su colaboración con la justicia para que llegue hasta las últimas consecuencias en el caso del presunto cobro de comisiones por la compra de mascarillas durante la pandemia.
Así lo ha dicho Torres antes de asistir a un desayuno informativo en Madrid a preguntas de los periodistas sobre los contratos adjudicados por el Gobierno canario siendo él su presidente a la empresa de Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, detenido por la Guardia Civil junto a otras quince personas.
El expresidente canario ha pedido que “caiga todo el peso de la ley” sobre quienes se hayan lucrado de manera irregular y quienes lo supieran, porque “al margen de lo que es la supuesta ilegalidad, está el hecho de que se hacía en un momento tremendamente difícil”.
En este sentido, ha pedido a la justicia que haga su trabajo para lo que ha ofrecido su colaboración como, según ha recalcado, ha hecho siempre.
Según fuentes de la investigación, el exasesor del que fuera ministro de Transportes durante la pandemia habría realizado tareas de intermediación entre empresas y administraciones y, presuntamente, habría cobrado comisiones irregulares por ello.
Entre las administraciones perjudicadas estarían los ministerios de Transportes y de Interior, además de las comunidades autónomas de Canarias y de Baleares.
