Domingo, 14 Diciembre 2025
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Los promotores turísticos lanzaroteños también se quejan de la inseguridad jurídica y de la parálisis del plan de renovación turística por el exceso de burocracia e ineficiencia de la mayoría de las oficinas técnicas municipales

 

Lancelot Digital

 

El Centro de Iniciativas Turísticas de Gran Canaria (CIT), que preside Fernando del Castillo, ha criticado duramente la moratoria turística, una medida que califican de “fiasco” y consideran injusta, pidiendo su inmediata derogació. Aseguran que la crisis económica se ha agravado aún más ante la “pasividad de la administración”, tal y como publica el diario Canarias 7 en su edición de hoy.

 

Recuerda el CIT que “desde mucho antes del comienzo de la crisis en el 2008”, instituciones empresariales y representantes de la sociedad civil canaria ya comenzaron a solicitar al Gobierno regional que pusiera fin a la moratoria turística.

 

Sin embargo, “no  solo justificaron sus perversos efectos al principio acelerando inútilmente proyectos mal planificados y a destiempo, sino que nos alertaban todavía más del daño directo que podría acarrear, tras el ya largo tiempo transcurrido desde su injusta imposición, arruinando a empresas dueñas de planes parciales turísticos y que habían comprometido su inversión y créditos en el desarrollo de estos proyectos de urbanización con camas aprobadas por la propia Administración pública. También auguraban, ante tal injusticia, los daños a las arcas públicas que pudieran suponer posibles indemnizaciones en compensación a las reclamaciones de muchas empresas y particulares”, señala el periódico.

 

El Centro de Iniciativas Turísticas de Gran Canaria se muestra convencido de que la dureza de la crisis y la negativa de la Administración a derogar la moratoria  contribuyeron a agravar aún más la solvencia de muchas empresas y particulares. Y es que, a los daños económicos directos a las empresas implicadas se añadieron los colaterales al sector turístico, “que vio mermado su capacidad de crecimiento, diversificación e innovación”. El resultado no se hizo esperar: pérdida de competitividad de Canarias, frente a otros destinos que sí pudieron crecer para modernizarse y se adaptaron adecuadamente a las necesidades reales de la demanda turística.

En la actualidad,  la sangría continua ante la pasividad de la Administración para eliminar la moratoria, y ello con graves consecuencias, vuelve a señalar Canarias 7, “el desatender un crecimiento justificado en el sector turístico ha contribuido igualmente a deprimir todavía más el de la construcción, renunciado inútilmente a la oportunidad que nos brindaba una actividad económica saneada”.

En el caso de Lanzarote, los promotores turísticos se vienen quejando de la inseguridad jurídica precisamente por este tipo de legislación y la parálisis del plan de renovación turística por el exceso de burocracia e ineficiencia de la mayoría de las oficinas técnicas de los ayuntamientos turísticos


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