El colapso de las licitaciones: la patronal advierte que hacer obra pública en Canarias es inviable

El sector de la construcción advierte que en el último año y medio 322 proyectos se quedaron por el camino por presupuestos desfasados

La obra pública en la provincia de Las Palmas se está quedando desierta. Las empresas ya no se presentan a los concursos porque los presupuestos de la administración pública están totalmente desfasados. “La administración pública no revisa los precios de los proyectos cuando los mete en un cajón durante tres años o no revisa los precios de los proyectos cuando tarda incluso un año en adjudicarlos”, afirma María de la Salud Gil, presidenta de la AECP. “Eso supone un quebrantamiento del equilibrio del contrato, por un lado, y, por otro lado, la imposibilidad de que las empresas se presenten a esas obras”.

Los datos de la patronal son demoledores. Entre 2025 y junio de este año, 322 proyectos han quedado en el limbo. Eso supone una pérdida de 456 millones de euros. Los ayuntamientos concentran el mayor problema. “Parece que pretenden que las empresas privadas, constructoras especializadas en obra pública, financien a la administración pública para hacer obras públicas”, señala.

El encarecimiento de los materiales y la falta de actualización de precios ahogan al sector. “Al mismo tiempo, esto no es un problema empresarial, es un problema de la sociedad canaria, porque lo que nosotros hacemos son infraestructuras, equipamiento para el disfrute de la sociedad. Carreteras, hospitales, centros de mayores, centros de personas dependientes, colegios. En definitiva, el equipamiento que la sociedad necesita”, apunta Gil.

En casi el cuarenta por ciento de los contratos que sí salen adelante, solo se presenta una constructora. “Y esto, además, pone en serio peligro la fortaleza del tejido productivo, porque se están nacionalizando las obras públicas. En la medida en que cuando las obras quedan desiertas, la mayoría de las administraciones públicas lo que hacen es adjudicarla luego a una empresa pública a la que sí le paga el precio real del mercado. Lo que provoca una situación cuando menos irregular e incluso es posible que si investigáramos podría ser constitutiva de delito”, concluye.

El tejido empresarial local corre un serio peligro.