El Consorcio dará 3 meses a Canal Gestión para su salida
Un grupo de empresas ha mostrado formalmente su interés en asumir la gestión del ciclo del agua insular
- Lancelot Digital
El futuro de la gestión del ciclo integral del agua en Lanzarote y La Graciosa queda en suspenso. Canal Gestión, actual adjudicataria del servicio de abastecimiento, saneamiento y reutilización, ha solicitado al Consorcio Insular del Agua de Lanzarote el aplazamiento de la resolución del contrato mientras se tramitan los pasos necesarios para una posible cesión a un nuevo operador.
En un escrito fechado el 26 de septiembre de 2025, la empresa concesionaria —Canal Isabel II S.A., a través de su filial Canal Gestión— trasladó su interés en ceder la titularidad del contrato y pidió conocer los términos en los que el Consorcio estaría dispuesto a autorizar dicha operación. La solicitud llega apenas unos días después de que un grupo de empresas mostrara formalmente su interés en asumir la gestión.
El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, señalaba que, en efecto, “Canal Gestión ha presentado un escrito al Consorcio que abre la vía de la cesión del contrato. Nadie se va a ir de Lanzarote dejando de un problema. Esa vía necesita inversión y el cumplimiento de las condiciones del contrato”.
La propuesta, que será sometida a la votación de la Asamblea del Consorcio, establece varios requisitos mínimos que el futuro cesionario deberá cumplir para que la cesión sea autorizada. Entre ellos, alcanzar un rendimiento técnico del 70% en el sistema de distribución y abastecimiento de agua, la presentación de un plan de inversiones estimado en 35 millones de euros en cinco años para reducir pérdidas en la red, y la aplicación de la fórmula de revisión de costes en los términos interpretados por el Consorcio (IPC +1% sobre el 85% de los costes revisables).
Además, se propone suspender durante un plazo máximo de tres meses el procedimiento de resolución del contrato actualmente en marcha, en virtud de lo previsto en la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, con el objetivo de dar margen a las negociaciones y garantizar la continuidad del servicio público.
Los acuerdos que finalmente se adopten deberán notificarse tanto a la empresa interesada como a su avalista.
