El drama del agua en Lanzarote
Una red de abastecimiento que pierde más de lo que llega al grifo
El Cabildo de Lanzarote trata de cambiar el rumbo del agua, acción valiente para unos y arriesgada por otros, en función de un informe jurídico contundente del Consorcio insular del Agua que obliga a tomar medidas drásticas para revertir la situación del ciclo integral del agua en la isla.
El contexto técnico y ecológico de este conflicto contractual es demoledor. En Lanzarote, más del 65% del agua producida se pierde antes de llegar al grifo, según datos del propio Cabildo. Lanzarote no dispone de recursos hídricos naturales suficientes. La mayor parte del agua potable procede de las plantas desaladoras repartidas por la isla -Lanzarote III, Lanzarote IV, Lanzarote V, IDAM Inalsa IV, IDAM Janubio y Lanzarote III rehabilitación-, lo que implica un proceso extremadamente costoso tanto desde el punto de vista energético, como el económico y ambiental. La producción de agua desalada genera toneladas de salmuera que se vierten al mar, afecta a la biodiversidad costera y consume grandes cantidades de electricidad, muchas veces de origen fósil.
En este escenario, perder más de la mitad del agua producida no es solo una anomalía técnica: es un escándalo ecológico y financiero. El informe jurídico recoge los datos de Trama Canarias e ITC, que certifican pérdidas de agua que superan el 50% cada año desde 2019. En lugar de reducirse al 30% como se exigía en los acuerdos contractuales entre el Cabildo y Canal Gestión Lanzarote, las fugas aumentaron muy por encima de lo previsto.
Un modelo que no funciona: costes públicos, beneficios privados
El caso de Lanzarote es además paradigmático de un modelo extendido en muchas zonas de Canarias: la gestión indirecta del agua en manos de grandes concesionarias, generalmente participadas por empresas públicas estatales o multinacionales, en un régimen de concesión a largo plazo. Este modelo, diseñado para obtener eficiencia y transferir parte del riesgo al sector privado, ha terminado generando –según denuncian sus críticos– situaciones de ineficiencia, falta de transparencia y lucro privado con respaldo público.
El informe jurídico revela que Canal Gestión no ha abonado al Consorcio el denominado “Canon C”, un porcentaje que debe aplicarse sobre las ayudas de Estado y las bonificaciones fiscales obtenidas por la concesionaria. Según los cálculos preliminares, se han dejado de ingresar al menos 833.000 euros entre 2013 y 2022. Además, la empresa no ha colaborado con la Intervención para acreditar estas cifras.
La guerra empresarial en la sombra
Mientras se debate la viabilidad del contrato con Canal Gestión, se mantiene en marcha un proceso judicial impulsado por una empresa competidora que solicitó la ejecución forzosa de una sentencia previa que declaraba nulo el contrato original. El movimiento se interpretó por algunos sectores como una maniobra para bloquear el proceso y facilitar una eventual adjudicación futura a otras compañías interesadas en hacerse con el servicio.
El riesgo de que el conflicto acabe en una guerra empresarial por el control del ciclo del agua es evidente. Por eso, el informe jurídico subraya la necesidad de actuar con “rigurosidad jurídica y defensa del interés público”, y propone al Cabildo iniciar el procedimiento de resolución conforme a derecho.
El reto de reconstruir el sistema
El posible final del contrato con Canal Gestión Lanzarote plantea un nuevo desafío: garantizar la continuidad del servicio y emprender la necesaria modernización del sistema hídrico insular. Esa es la alternativa a una empresa que ha incumplido de forma reiterada, e implica un cambio de la concesión, pero sobre todo una trasformación profunda en el actual enfoque y mecanismos de control público para evitar que situaciones como las planteadas puedan llegar a repetirse.
El informe de los servicios jurídicos concluía con una recomendación firme, que es iniciar formalmente el procedimiento de resolución contractual por incumplimiento, y articular medidas que garanticen la transición, el control del servicio y la reparación del daño causado al interés general. A la espera de que el Cabildo traslade al Gobierno el expediente correspondiente, Lanzarote –una isla en emergencia hídrica- sigue perdiendo agua, dinero y un tiempo precioso, mientras los partidos se enzarzan en sus inútiles guerras.
