El estado de salud de Josefa Hernández impide su ingreso en prisión como es su intención
La ‘abuela de Canarias’ regresó este domingo nuevamente al Hospital de Fuerteventura
Lancelot Digital
La vecina de Fuerteventura condenada por no derribar su casa ha acudido esta mañana nuevamente al Hospital de Fuerteventura donde se le atiende tras el desmayo que sufrió cuando se disponía a embarcar en el ferry rumbo a Lanzarote para su ingreso en prisión. Según ha informado la cadena Ser, es probable que hoy tampoco la conocida como ‘abuela de Canarias’ pueda entrar en prisión pese a su disposición a coger el barco de las dos de la tarde y entrar en la cárcel en espera de un posible indulto del Gobierno.
Precisamente el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Aarón Afonso, exigía ayer al Estado que se pronunciara "ya" sobre el indulto solicitado a favor de Josefa Hernández, la ciudadana de Fuerteventura que se enfrenta a la cárcel por no derribar su casa.
En un comunicado el consejero mostraba su total disponibilidad a reunirse con el ministro del área, Rafael Catalá, a fin de acelerar el proceso, algo que considera urgente dadas las condiciones de la afectada, de 63 años y cabeza de familia.
Todo apunta a que será mañana lunes cuando Josefa Hernández entre en prisión si no lo remedia ese ansiado indulto o si finalmente se paraliza la orden de ingreso como han solicitado sus abogados. En este sentido, cabe destacar que son muchas las voces que han pedido su indulto, desde los políticos de la isla majorera hasta los ciudadanos. De hecho, en la plataforma change.org ya se han recogido más de 30.000 firmas.
Además, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha convocado para este lunes concentraciones en todas las islas. En su escrito emplazan a la ciudadanía a acudir este lunes a las 18.00 horas frente a las direcciones insulares del Gobierno en cada isla para solicitar su indulto.
Josefa Hernández debía ingresar este viernes en prisión tras haber sido condenada a cumplir seis meses por un delito de desobediencia, al no haber derribado una casa que construyó hace 16 años en el paraje protegido del Parque Rural de Betancuria. Ella afirma que en su día pagó la multa de 700 euros que se le impuso, pero que no derribó la vivienda porque no tenía otro lugar donde vivir y, de hecho, asegura estar dispuesta a tirar su casa si la ayudan a conseguir otra a la que trasladarse con su familia, con algún tipo de alquiler social, ya que tiene a su cargo a dos hijos, uno en paro y otra con un 39% de discapacidad, y tres nietos menores.
