El Fiscal en su alegato final carga contra Dimas
Pide condenas duras para la historia negra que asoló Arrecife cuando el PIL gobernaba el ayuntamiento con el PSOE
- Lancelot Digital
El fiscal del caso “Unión” pidió en su alegato final a la Audiencia Provincial de Las Palmas duras penas para Dimas Martín y demás implicados en la pieza que investiga la posible financiación ilegal del PIL de aquellos años. Considera que el tribunal debe castigar la que calificó historia negra de la corrupción que asoló el ayuntamiento de Arrecife entre los años 2007 y 2009 cuando el PIL de Dimas Martín gobernaba con los socialistas a través de un pacto que se extendió al Cabildo.
Sobre todo el fiscal fue muy duro contra aquellos acusados como Dimas Martín, el llamado “jefe” y principal imputado, y el ex concejal del PIL, Antonio Machín, que no “pactaron” un acuerdo con la Fiscalía.
El fiscal Ródenas considera probado que fue Dimas Martín quién desde la cárcel de Tahíche controloba a sus concejales para obtener comisiones de empresarios que se prestaban al “juego” por interés o porque eran presuntamente extorsionados.
Por los presuntos diversos delitos, pidió en su alegato final del juicio del Caso Unión, 17 años y medio de cárcel a Dimas Martín y otros cuatro y medio para el ex edil Ubaldo Becerra, que reconoció los hechos tras un pacto para rebajar la pena. En cambio para el ex concejal del PIL, Antonio Machín, que no reconoció los delitos y no pactó con la Fiscalía elevó la pena a 16 años y medio. Para el ex secretario del Ayuntamiento de Arrecife, Carlos Sáenz pidió 3 años y medio. También solicitó cárcel para algunos de los empresarios y funcionarios implicados.
En es sentido, para el empresario Antonio Gómez, la pena es de un año, mientras que para Manuel Reina es de cuatro años y cuatro meses. Para Jesús Martín, la demanda de pena carcelaria es de un año y tres meses, quedando para Samuel Lemes una petición de cinco años de prisión.
En lo que se refiere a los funcionarios Elena Martín y Rafael Arrocha, del Ayuntamiento de Arrecife, las solicitudes de pena fueron rebajadas, desapareciendo las penas de cárcel y pidiendo inhabilitaciones de 9 y un año, respectivamente. Tampoco se demanda prisión para Antonio Cárdenas, a quien solo se le solicita una multa económica.
Por otro lado, en este mismo juicio, aunque separado de la investigación financiación ilegal del PIL, el fiscal mantuvo la pena de dos años y tres meses de cárcel al conocido empresario Juan Francisco Rosa por haber contratado en una de sus empresas, a Dimas Martín, por según la Fiscalía, para facilitarle el tercer grado. En ese sentido, la defensa del empresario señaló que el contrato se realizó posterior a la concesión del tercer grado penitenciario.
