El fracaso de una Ley de Vivienda que no contenta a nadie

En 2026 se habrán retirado del mercado del alquiler 200.000 viviendas en España por el miedo a la ocupación y la inseguridad jurídica generada por la norma del Gobierno de Sánchez

No contenta a los inquilinos, ni a los propietarios, ni a los promotores. Genera inseguridad jurídica y temor. La Ley de Vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez ha sido un absoluto Fracaso. Han pasado dos años desde que se aprobara esta norma y los resultados han sido los contrarios de los deseados. No sólo no se ha solucionado el problema que existía, sino que la situación de la vivienda en España está peor que nunca.

Así se desprende del Informe “La Ley de Vivienda dos años después” elaborado por el Centro de Análisis de la Sostenibilidad del Modelo Económico (CASME) de la Fundación Civismo, “en su preocupación por la situación económica actual”, y en el que analizan el impacto de la Ley 12/2023, por el derecho a la Vivienda.

Se ha constatado, según este informe, que la inseguridad que genera esta norma al propietario que desea alquilar en larga estancia se ha traducido en una retirada de inmuebles del mercado de alquiler enorme.

Se calcula que tras estos dos años se han retirado 120 mil pisos y esto, entre cosas, ha derivado en un incremento de los alquileres de larga duración en un 26 por ciento.

Todavía no hemos llegado al ecuador de este 2025 y se espera que otros 50.000 inmuebles desaparezcan de la oferta, entre otras cosas, por el cada vez mayor número de casas vacías, pues los dueños prefieren no ponerlas a rentar con el miedo de inquilinos que una vez dentro dejen de pagar.

Una Ley contraproducente

En este sentido, el vicedecano en Lanzarote del Colegio Oficial de Economistas de Las Palmas, Argeo Mesa, asegura que "si mañana cambia la ley y se protege al propietario se pondrían en el mercado viviendas" y añade "creo que sería inmediato y rápido".

Mesa insiste en la inseguridad que ha generado la normativa aprobada por el Gobierno central entre los propietarios, quienes deben hacer frente a los gastos del inmueble incluso cuando el inquilino ha dejado de pagar la renta. Considera que "se ha traslado un problema social a los propietarios", y que éstos optan por dirigir sus viviendas, o bien hacia el mercado vacacional, o incluso escogen echar el cierre y mantenerlas vacías.

Escasa construcción de viviendas

Además, no se está creando obra nueva. Lo cierto es que la escasa construcción de casas crea un déficit que se amplía cada año, así lo asegura el doctor en Economía y director general de la fundación Civismo, Albert Givernau. “En España cada año se crean alrededor de 260.000 nuevos hogares y sólo se construyen entre 80.000 y 100.000 viviendas. Esto significa que cada año hay un déficit de 160.000 viviendas, que en diez años se convierten en 1.600.000 viviendas. La conclusión que sacamos es que el precio seguirá creciendo por esta falta de viviendas”, señala.

Givernau va más allá y añade que declarar una zona como tensionada crea un efecto contrario y encarece la vivienda. “Lo normal es que esto genere un incremento de precios, porque esta medida genera incertidumbre en los propietarios. Lo normal es que, si sienten incertidumbre, retiren la vivienda del mercado de alquiler”.

Una norma que favorece la Okupación

El portavoz de la plataforma española de Afectados por la Okupación, Carmelo Sevilla, criticaba en el programa Las Voces de la Mañana de Lancelot Radio, esta ley que acaba de cumplir dos años, entre otras cuestiones, porque considera que no satisface ni a los arrendadores, ni a los arrendatarios, ni a los promotores. A nadie. Además, ha querido dejar claro que el 93 por ciento de las personas que ponen sus viviendas en régimen de alquiler de larga estancia son pequeños propietarios. “El colectivo de arrendadores, pequeños propietarios y pensionistas somos los que tenemos el 93% del parque de alquiler y, con esta Ley de Vivienda, nos han incrementado las gestiones administrativas considerablemente. Demoran los procedimientos judiciales y paralizan los desahucios”.

Carmelo Sevilla señala que en su plataforma no están de acuerdo con las empresas de desokupación, pero cree que hay personas que no ven otra opción. “Lo tienen en su mano, es muy fácil. Si desaparecen los efectos de la okupación y de la inquiokupación, no van a tener trabajo ninguna de esas empresas. Es una actividad que la han generado ellos mismos con la inseguridad jurídica que han creado. Hay personas que, como la lentitud de la justicia es tanta y los resultados no están garantizado, recurren a estas empresas, que desde la Plataforma no recomendamos”.

En definitiva, una ley la de Vivienda que no contenta a nadie y que sigue recibiendo críticas y demanda de una modificación desde distintos sectores de la sociedad.