El Gobierno británico toma medidas y da un respiro al sector turístico insular

El embajador británico anuncia duras medidas contras los turistas ingleses que hagan denuncias falsas en España hasta el punto de poder enfrentarse a un procedimiento judicial en el Reino Unido o en España

Los hoteleros lanzaroteños pueden empezar a respirar tranquilos, ya que el embajador británico en España, Simon Manley, se ha dirigido por escrito a los actores clave del sector turístico en España para informarles sobre las medidas que ha tomado su gobierno para abordar las denuncias falsas por intoxicación, un tema que ha afectado seriamente tanto a los hoteleros en España como a la industria turística del Reino Unido.

Este tipo de práctica, espontáneas en un primer momento, fueron proliferando en los últimos años y han sido especialmente denunciadas en Canarias, y en la isla de Lanzarote.

Manley ha explicado que “el asunto de las reclamaciones fraudulentas por intoxicación ha causado preocupación en España con toda razón, ya que ha afectado seriamente a los hoteleros españoles. Las medidas recientes que ha anunciado el Gobierno británico ponen de manifiesto que nos tomamos este asunto muy en serio y, aunque la gran mayoría de los turistas no ponen denuncias falsas, estas medidas están dirigidas a aquéllos que sí lo hacen. Tal y como decimos en nuestras recomendaciones de viaje, hacer reclamaciones falsas puede tener como consecuencia un procedimiento judicial en el Reino Unido o en España”.

El embajador ha hecho hincapié en la seriedad con la que el Gobierno británico y el sector de paquetes turísticos están abordando las reclamaciones falsas y ha explicado cuáles son los pasos y medidas legales que se han introducido para poner fin a esta práctica nada ética e ilegal.

En su carta habla sobre el anuncio reciente del ministro de Justicia británico, según el cual se van a introducir cambios en la legislación británica para acabar con los vacíos legales que han permitido que fuera posible hacer este tipo de reclamaciones fraudulentas. El sistema de costes fijos recuperables se ha ampliado para así dar cobertura también a las denuncias que se pongan en el extranjero, poniendo un límite a los costes legales que se abonen y haciendo posible que los tour operadores puedan prever los costes que implicaría la defensa de una denuncia. El Consejo de Justicia Civil (patrocinado por el ministro de Justicia británico y encargado de modernizar el sistema de justicia civil) está llevando a cabo una revisión de la tramitación de reclamaciones de escasa cuantía por daños personales, con la idea de reducir el incentivo de poner denuncias no fundamentadas. El Gobierno británico también le ha pedido a la Asociación de Agentes de Viaje Británicos (ABTA) y otros representantes del sector turístico que faciliten más información sobre el volumen y coste de las estas reclamaciones de cara a que el Gobierno y la industria puedan tomar más medidas para abordar este tema.

La industria británica de paquetes turísticos, junto con los hoteleros españoles, también ha adoptado una postura firme y está endureciendo sus procedimientos internos y sus programas de detección de fraudes, gracias a los cuales algunas reclamaciones no justificadas han terminado en los tribunales y los turistas involucrados han sido procesados. Tan solo hace unos días un tribunal del Reino Unido ha desestimado una reclamación interpuesta por una familia británica a instancia de una empresa de gestión de reclamaciones sin escrúpulos. Sobre la base de que dicha empresa no cobraría nada si no se ganaba el caso, dicha familia puso una denuncia alegando que habían enfermado de gastroenteritis durante unas vacaciones en Gran Canaria en 2013. Tras haber desestimado la causa como poco probable, dado que no había pruebas médicas ni se había comunicado la circunstancia de la enfermedad al personal del hotel ni a los representantes del tour operador, el juez dictaminó que los denunciantes corrieran con los elevados costes legales y se los abonaran al tour operador.

El embajador concluye la carta diciendo que, aunque la gran mayoría de turistas no ponen denuncias falsas, el Gobierno británico continúa advirtiendo a los viajeros que cualquier persona que interponga una reclamación falsa podría enfrentarse a un procedimiento judicial en el Reino Unido o en España.