El Gobierno canario acuerda pagar indemnizaciones millonarias por la moratoria turística

El servicio de valoración de la Consejería de Transición Ecológica fijará las cantidades a pagar a los perjudicados por las parcelas afectadas
- Lancelot Digital
Indemnizaciones millonarias, a eso se enfrenta el Gobierno de Canarias por la segunda moratoria turística, la aprobada en 2009. En efecto, el Consejo de Gobierno aprobaba este jueves 26 decretos para la ejecución de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo. Los decretos aprobados se refieren a 26 parcelas ubicadas en los términos municipales de Pájara, en Fuerteventura; San Bartolomé de Tirajana y Mogán, en Gran Canaria, y Yaiza, en Lanzarote. En ellos se establece el deber de las referidas entidades locales de proceder a la modificación del planeamiento general o parcial en el que se ubican las parcelas afectadas para su reclasificación a suelo rústico común, en la subcategoría que corresponda conforme a su destino.
Los propietarios de estas parcelas reclaman al Gobierno de Canarias una indemnización por un importe de 650 millones de euros; sin embargo, el Ejecutivo estima la cifra a pagar en entre tres y cinco millones, ya que entiende que no se tiene que tener en cuenta la propiedad y que solo se les ha perjudicado por los cinco años en que no pudieron aprovechar esos suelos, y no 50 como alegan.
En este sentido, se fija un plazo de seis meses para que las corporaciones municipales adopten la modificación de la clasificación de la parcela mediante la modificación puntual del instrumento de ordenación.
Además, se advierte a los ayuntamientos de que, transcurrido el plazo así fijado sin que se hubieran iniciado o concluido los correspondientes procedimientos, la Consejería con competencias en materia de ordenación urbanística y territorial procederá a la modificación omitida.
De forma paralela, habiéndose iniciado el procedimiento de fijación definitiva del importe de la indemnización por parte del Servicio de Valoraciones de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, se procederá a la depuración de la clasificación de la parcela y de su situación física y jurídica, la cual se realizará en el trámite de la modificación del instrumento de ordenación, debiendo estar fijada para que coincida en su finalización.
De esta manera, el Gobierno ejecuta los requerimientos cursados por la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Canarias para dar cumplimiento al fallo de las diferentes sentencias dictadas en esos procedimientos, desde que fueran declaradas firmes en el año 2016.