El Gobierno de Canarias sale al cruce de la interpretación hecha por el Cabildo de Lanzarote de una providencia sobre el REF
El Ejecutivo autonómico afirma que el TSJC no se ha pronunciado sobre el tema
Lancelot Digital
El Gobierno de Canarias ha salido al cruce de la interpretación realizada desde el Cabildo de Lanzarote, a través de un comunicado, de una providencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) sobre una posible cuestión de inconstitucionalidad del actual reparto de tributos del REF. Esta providencia, según el Ejecutivo autonómico, “solicita alegaciones como trámite previo y obligatorio para determinar con posterioridad si eleva o no al Tribunal Constitucional (TC) una posible cuestión de inconstitucionalidad del actual reparto de tributos del REF”, pero “esta circunstancia no determina ni considera un pronunciamiento de la Sala, tal y como interpreta el Cabildo de Lanzarote”.
“La citada providencia –agrega el Gobierno canario- acuerda ‘oir a las partes y al Ministerio Fiscal para que en el plazo común e improrrogable de 10 días puedan alegar lo que deseen sobre la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Cabildo Insular de Lanzarote’. El texto añade: ‘seguidamente, y sin más trámite, el tribunal resolverá lo procedente’”. Por ello, siempre según el ejecutivo autonómico, el TSJC sólo “cumple con un trámite procesal establecido como obligatorio en la Ley Orgánica reguladora del TC”.
“El texto, en ningún caso, se pronuncia sobre si hay indicios de una supuesta inconstitucionalidad y tampoco expresa decisión alguna sobre si dirigirá el asunto al Tribunal Constitucional. Además, finalmente, sería el TC el órgano que tiene la potestad de admitir o no a trámite el asunto para iniciar un procedimiento”, puntualiza el Ejecutivo autonómico en su nota de prensa.
El escrito también recuerda que “el Cabildo de Lanzarote exige judicialmente que el cien por ciento de los tributos del REF se destine a los cabildos. Por su parte, el Gobierno de Canarias, mediante la Ley 9/2003, estableció un reparto teniendo en cuenta que la Comunidad Autónoma de Canarias y las corporaciones locales son cotitulares de estos tributos. Además, es el Ejecutivo el que sostiene el coste de la recaudación”.
Por último, subraya que “el Gobierno de Canarias respeta profundamente las iniciativas judiciales que tomen las administraciones. No obstante, desde la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad se ha mostrado una plena predisposición al diálogo en lo que a la financiación de las corporaciones locales se refiere y recientemente fue constituido un grupo de trabajo para analizar, entre todas las instituciones, los recursos del REF y otros aspectos que mejoren la colaboración institucional, comisión en la que están representados todos los cabildos insulares”.
