El guardia civil indultado y destinado en Lanzarote no será expulsado del cuerpo

Fue condenado por grabar una agresión sexual en un tren y, aunque todavía tiene un expediente por “una falta muy grave”, tan sólo se le suspenderá de empleo y sueldo entre tres y seis meses

Lancelot Digital
Foto: Archivo Lancelot

El agente de la Guardia Civil indultado por el Gobierno tras ser condenado por no evitar una agresión sexual en un tren no será expulsado del cuerpo, según asegura en un comunicado publicado en su web la Unión de Guardias Civiles (UGC), que afirma que así se lo ha transmitido la Dirección General del cuerpo.

Los hechos ocurrieron en Asturias en 2011 y en 2013 M.A.G., que lleva tes años destinado en Lanzarote, fue condenado a seis meses de inhabilitación de empleo o cargo público por omisión del deber de perseguir delitos. Sin embargo, hace un mes el Gobierno le concedió el indulto y le conmutó la pena por una multa de 500 euros

Desde la Unión de Guardia Civiles apuntan que, a pesar del indulto parcial, M.A.G. aún tiene pendiente un expediente abierto en el cuerpo “por una falta muy grave y que podría suponer la pérdida del puesto”. Sin embargo según la UGC, parece que finalmente se saldará con una suspensión de empleo y sueldo de entre tres a seis meses.

"No es proporcional que al autor de la agresión le hayan caído 1.080 euros de multa y al agente que estaba con él, por no evitarla, se le expulse del cuerpo. Es una barbaridad jurídica", considera la Unión de Guardias Civiles, que sostiene además que hay que distinguir el ejercicio de la profesión con la vida privada. Aunque reconocen lo que hizo el agente, según la sentencia "mofarse mientras su amigo realizaba tocamientos y profería frases groseras a la víctima, de sesenta años y lo grababa en vídeo", afirman que "no se puede pretender que lo denunciemos todo". "El agente estaba de vacaciones y a 2.000 kilómetros de su destino", apunta el abogado de la asociación.

Asimismo, desde la Unión de Guardias Civiles creen que se ha sometido al agente a un escarnio público, "sólo por el hecho de ser hijo de un concejal del PP y haber querido, algunos, politizar este asunto". De no ser así considera que "no hubiera trascendido".

La UGC plantea además acabar con las expulsiones derivadas de las inhabilitaciones. "A un juez se le inhabilita por un tiempo, y cuando termina, vuelve a ejercer, pero nosotros perdemos el trabajo para siempre", asegura Ramón Rodríguez, secretario general de la UGC-Asturias.