El Juez Lis cuestiona el Caso Unión
El magistrado encontró hasta 42 hechos presuntamente delictivos en la instrucción del caso
Lancelot Digital
El juez de Instrucción 3 de Arrecife, Rafael Lis, dictó un auto el pasado 29 de septiembre de 2015 en el que ordenó practicar diligencias para investigar hasta 42 hechos presuntamente delictivos de falsedad de resoluciones policiales y judiciales del caso Unión, así como supuesta manipulación de grabaciones e infidelidad en custodia de documentos, tal y como informaba este lunes el diario Canarias 7.
El auto dictado por el magistrado rechaza, por extemporánea, la pretensión de la Fiscalía, que no se opuso al auto de incoación de las diligencias previas 4062/2014 para investigar si presuntamente se produjo un falseamiento masivo del sumario del caso Unión, como indicó el magistrado a la vista de las pruebas presentadas.
Canarias 7 señala que el juez afirma que existen elementos para creer que el sumario del caso Unión estuvo «afectado en su integridad y autenticidad de un número muy considerable de diligencias policiales, resoluciones judiciales y piezas de convicción que afectan a derechos fundamentales», y señala que «constituye el objeto de la presentes diligencias previas la presunta manipulación o alteración durante un prolongado lapso de tiempo de elementos esenciales de un número muy significativo de documentos policiales y resoluciones judiciales que han generado efectos procesales y que se encuentran incorporados a las Diligencias Previas 697/2008», o caso Unión.
Los hechos objeto de investigación, según el auto del magistrado, podrían constituir un delito continuado de falsedad en documento público y un delito continuado de infidelidad en la custodia de documentos públicos, e incluso en varios hechos denunciados se observan indicios racionales de la posible comisión de un delito continuado de usurpación de funciones.
Lis ha observado además, siempre tal y como publica Canarias 7, “indicios de supuesta alteración en varias decenas los documentos incorporados a esta causa, tanto por los agentes de la UCO que ejercieron de policía judicial en la causa, como en resoluciones del secretario judicial y solamente en lo que afecta a resoluciones del juzgado hay pruebas de quince documentos supuestamente «fabricados»”.
También expone el juez en su auto que «se desprenden indicios sólidos de manipulación o alteración voluntaria en determinados soportes informáticos en que se documentaron determinadas grabaciones acaecidas entre el denunciante inicial de esta causa el exsecretario insular del PSOE, Carlos Espino y el investigado Fernando Becerra».
Según el auto judicial, «se desprende que ninguno es un soporte digital original y tampoco se aporten las grabadoras utilizadas» y señala que «dichas manipulaciones son constatadas por sendos informes de la Policía Científica de la Policía Nacional y otra por la entidad Netcomputer Forensics, SL». Ya de inicio, el sumario se arrancó con las ordenes judiciales de entradas y registros del domicilio y oficinas de uno de los investigados, que fueron supuestamente falseadas y por ello resultaron anuladas por la Audiencia Provincial, sin que ello suponga que no haya que enjuiciar a sus responsables, viene a decir el magistrado.
También observa el juez «indicios sólidos de una «posible usurpación de funciones por el secretario judicial, arrogándose presuntamente funciones jurisdiccionales al suplantar la firma del magistrado mediante imitación servil en los mandamientos judiciales a las operadoras de telefonía remitidos a la policía judicial».
En total señala el juez 15 autos o providencias dictadas por el secretario supuestamente usurpando funciones del secretario que lo sustituía, como consta en los certificados de la secretaría de la Sala de Gobierno del TSJC. Por último observa el juez «indicios de una genérica manipulación en la notificación de las resoluciones de los agentes policiales al Juzgado», como demostraría el contraste de documentos, pues sitúan a los agentes notificando simultáneamente resoluciones en el juzgado de Arrecife y en las mismas horas, en labores de investigación en Madrid.
El artículo recuerda que el auto de incoación de las diligencias para investigar el presunto falseamiento del sumario del caso Unión, de enero de 2015, no fue recurrido por la Fiscalía, ni por los denunciados (dos agentes de la UCO y el secretario judicial). Extemporáneamente la Fiscalía pidió al Juez el archivo, y éste lo rechazó alegando que los supuestos delitos deben investigarse por el Juzgado, sean quienes sean sus autores.
