Miércoles, 08 Abril 2026
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De los 42 años de cárcel inicialmente solicitados en total a los cinco acusados, se queda en 8 años tras “el pacto” con la Fiscalía

 

  • Lancelot Digital

 

El caso Montecarlo, en su pieza de San Bartolomé, ha quedado cerrado hoy tras una pequeña vista celebrada en el Palacio de Justicia de Lanzarote por parte de la sección sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Finalmente no hubo juicio, tras el pacto alcanzado por las defensas de los acusados con Fiscalía quienes se vieron obligados a reconocer los hechos a cambio de fuertes rebajas en las peticiones de pena.

 

 

Hoy la sección sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas iba a celebrar la primera de las tres jornadas del “Caso Montecarlo” donde se juzgaban principalmente al ex-interventor de Arrecife, Carlos Sáenz; y el empresario José Vicente Montesinos, acusados ambos de los delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

 

Por todos estos delitos inicialmente se solicitaban 12 años de cárcel a Saénz Melero para quedar finalmente la pena en 3 años tras el acuerdo alcanzado con la Fiscalía. A José Vicente Montensinos, el inspector de tributos que contrató el Ayuntamiento de San Bartolomé entre 2002-07, también se le ha rebajado la pena aún más; de 12 años a dos años de cárcel.

 

 

El resto de los acusados, el ex-alcade de San Bartolomé, Miguel Martín, el ex-concejal de Hacienda, Javier Betancort y el ex tesorero del Ayuntamiento, Luis Manuel Rodríguez, acusados todos ellos de malversación y de prevaricación, se les ha rebajado las penas de 6 años iniciales a un sólo año, tras ese acuerdo con Fiscalía que les obligó a reconocer las imputaciones.



Tras estos acuerdos de los cinco acusados, ninguno entrará en prisión a excepción de el ex-interventor de Arrecife, que ya está en Tahíche cumpliendo otras penas.

 

Además, de manera solidaria tendrán que hacer frente los cinco condenados a una multa de cerca de medio millón de euros.

 

Esta pieza del Caso Montecarlo (ya se han juzgados otras en Fuerteventura y faltan tres más de Arrecife) estaba centrada en la posibilidad de que José Vicente Montesinos, contratado como Inspector Tributario, pudo inflar sus facturas por los servicios prestados al ayuntamiento de San Bartolomé, de acuerdo con Carlos Sáenz, cosa que ellos negaron inicialmente pero que ahora han reconocido tras el acuerdo con el fiscal. Al resto, se les condena por permitir que esas facturas o algunas de ellas no estuvieran debidamente cumplimentadas.


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