El Juzgado Nº 1 emite una citación a Carlos Espino como imputado por presuntos delitos durante su gestión en los Centros Turísticos

Debería presentarse a declarar en Tribunales en diciembre. Se le acusa de cohecho, fraude, prevaricación y malversación

Carlos Serenelli
Foto: Archivo Lancelot

El Juzgado de Instrucción Número 1 de Arrecife ha emitido una orden de citación a Carlos Espino en calidad de imputado, en el marco de la querella criminal presentada en su contra a instancias del Consejo de Administración de los Centros Turísticos de Lanzarote. La citación ya ha salido de Tribunales, pero aún no puede considerarse que Espino esté citado oficialmente, ya que hasta este martes aún no consta que esté notificado. Según señalan fuentes judiciales, suele ser una estratagema habitual que algunos imputados eviten recibir la notificación, ya sea ausentándose de su domicilio a los efectos jurídicos, o cambiando el mismo.
La citación por la que Espino debería declarar en Tribunales es para mediados del próximo mes de diciembre. El secretario de Organización del PSOE en Lanzarote, Joaquín Caraballo, ha señalado a Lancelot Digital que al partido “no le consta” que se haya emitido tal citación, ni tampoco si Espino está imputado en esa causa [ESCÚCHELO HACIENDO CLIC AQUÍ]. En tanto, el propio Carlos Espino no ha respondido a las reiteradas llamadas telefónicas realizadas desde este medio este martes.
La querella contra el secretario general insular socialista había superado la primera fase judicial, ya que fue admitida a trámite por la Justicia en el pasado mes de mayo.
En ella se acusa a Espino de haber supuestamente cometido los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude y cohecho, durante su gestión al frente de lo Centros Turísticos, entre junio de 2007 y octubre de 2009.
En la denuncia, se detallan presuntas irregularidades administrativas muy graves o supuestos delitos penales por cerca de 2 millones de euros, de los que han sido supuestas beneficiarias empresas o personas pertenecientes, vinculadas o muy cercanas a la actual dirección del PSOE lanzaroteño.
La decisión de presentar esta querella había surgido de los “numerosos indicios” encontrados por los nuevos administradores de los Centros, sobre la “segura comisión de irregularidades administrativas, y también de posibles delitos”, según señaló en su momento la actual consejera delegada de los Cact”s, Astrid Pérez.

Detalles
La querella refleja un exhaustivo trabajo de investigación y documentación dentro de la EPEL, ya que todos los hechos denunciados están acompañados de una profusa documentación que respalda lo sostenido.
En la misma se detallan lo que se pueden calificar como cuatro grandes bloques diferenciados. Uno de ellos es en relación a la ya ‘famosa’ cocina de los Jameos del Agua, a lo que hay que sumar otras muchas contrataciones similares a tres empresas, todos del mismo dueño –un importante miembro del PSOE-, por un montante superior a 1 millón de euros.
El segundo hecho denunciado es en relación a la creación de una página web que en realidad ya existía, por un valor muy ‘inflado’, hasta alcanzar los 50.000 euros.El tercer bloque es en relación a contrataciones de supuestas labores de asesoría, publicidad y marketing a un periodista y una agencia vinculada a él, y que no constan que se hayan hecho, aunque entre ambos han facturado casi 100.000 euros. Y un último, en relación a la compra de productos alimenticios a una empresa cuyo dueño es hermano de la por entonces presidenta del Cabildo, por un total de 249.000 euros. Todo esto, en tan sólo dos años, con contrataciones “a dedo”, “sin concurso público” y “sin seguir los procedimientos” establecidos, y en algunos casos, desoyendo las instrucciones e informes de los técnicos, según se afirma en la denuncia.
La querella, de 30 folios, señala al inicio que Carlos Espino, al asumir como consejero de los Centros Turísticos, “cesa a los cargos profesionales del organismo público”, para “realizar diversas acciones irregulares, saltándose todos los procedimientos legalmente establecidos”, siendo el mencionado consejero no sólo quien dirigió esta empresa pública, “sino que además, se encargó de todas las gestiones empresariales y contractuales”.

Chorizos y demás
Al entrar en el análisis pormenorizado de los hechos, la querella se centra por ejemplo en la compra de productos cárnicos para los restaurantes de los Centros Turísticos. Con la llegada de Espino, el proveedor pasó a ser Carnes y Embutidos Chacón, que siguió siéndolo hasta que el consejero socialista fue apartado de esas funciones y del Grupo de Gobierno del Cabildo, merced al nuevo pacto. El contrato con Chacón se hizo tras “un procedimiento donde se invita a cinco proveedores”, y centrándose sólo “en la comprobación de precios […], sin profundizarse en calidades, infraestructura o experiencia”, según la denuncia. Pero curiosamente, el precio más bajo no era el de la empresa que finalmente resultó contratada, Chacón, sino el de Congelados Roper.
Además, el jefe de Compras, Francisco Ramos Luzardo, había advertido previamente que “el propietario de de Carnes y Embutidos Chacón tiene vínculos familiares con la que fue presidenta del Cabildo Insular de Lanzarote, doña Manuela Armas (es su hermano), y por tanto, no sería correcta la adjudicación a esta empresa, además de que Congelados Roper ofertaba los precios más baratos”, puntualiza la querella.
Agrega que “a pesar de ello, don Francisco Ramos recibió la orden tajante de comprarle a Carnes y Embutidos Chacón”. Esta empresa pasó a ser proveedora oficial de los restaurantes de los Centros desde mayo de 2008, y siguió siéndolo hasta que los socialistas Armas y Espino cesaron en sus cargos.
Chacón facturó a esa empresa pública, en el año 2008, un total de 154.513 euros, mientras que en 2009 fueron 95.916 euros, totalizando así casi 250.000 euros en 17 meses, lo que supone un promedio de casi 15.000 euros por mes, es decir unos 500 euros por día.

Web “duplicada”
Otro de los hechos denunciados es la contratación para el desarrollo de un portal web de la Epel de los Centros, con la empresa “Red de Consultoría Tecnológica de Nuevos Mercados”. Esto se hizo sin seguir los procedimientos de contratación establecidos pero, lo que es mucho más grave, sin que sea necesario, ya que había otra web de la Epel “mucho más potente y sofisticada”, según la querella, y con un precio exorbitantemente superior al de mercado.
“El señor Espino decidió contratar otro portal web a sabiendas de que era del todo innecesario”, dice la denuncia, que agrega además que el director económico “advirtió de manera expresa y verbalmente al consejero no sólo de esa circunstancia, sino de la obligatoriedad de cumplir con las normas de contratación”, y que “el presupuesto resultaba del todo desproporcionado”.
“Aún más grave –continúa la querella- resulta la respuesta dada por el director de desarrollo, don José Manuel Páez, puesto creado por Carlos Espino y cuyo nombramiento fue hecho a dedo, al director económico, al indicarle que siguiendo instrucciones del consejero Carlos Espino, le mandata y le impide solicitar ningún tipo de presupuestos adicionales, pues el consejero ya tenía el asunto cerrado con el proveedor”.
Por el desarrollo de esa web duplicada se pagaron 50.000 euros, pese a que según la querella, “la herramienta ofrecida una un software de uso común y gratuito en Internet. Aunque la denuncia no lo señala, según consultas realizadas por este semanario, el desarrollo de una web similar puede tener un coste de unos 5.000 euros, es decir, diez veces menos de lo pagado.