El Juzgado paraliza de manera provisional el desahucio de Sinforiano y Pilar
Previsto para septiembre, su abogado presentó ayer el mismo escrito que al Tribunal Supremo.
Texto y foto: Lancelot Digital
El Juzgado de Primera Instancia Número 4 de Arrecife ha paralizado provisionalmente el desahucio de Sinforiano Lemes y Pilar Callero, la pareja de ancianos de Argana Alta. Se esperaba que este se produjera en las dos primeras semanas de septiembre una vez ayer no hicieron entrega de las llaves en dicho juzgado.
El abogado que representa a la pareja entegó ayer jueves en los juzgados una demanda de juicio de revisión de sentencia, el mismo escrito que había entregado anteriormente al Tribunal Supremo. A lo largo de la misma mañana el Juzgado de Primera Instancia estudió el documento y finalmente decidió paralizar el desalojo de su vivienda por este recurso al Supremo.
Andrés Medina, ex presidente de la asociación de vecinos de Argana, persona que ha estado colaborando con Sinforiano y Pilar ha comentado a LANCELOT que lo consideran "una buena noticia" pues al menos "pueden vivir sin tantas angustias el mes de agosto". Según Medina, este proceso de desahucio ha afectado mucho a la salud de la pareja.
Según Medina, desde el inicio del proceso se había ocultado un documento firmado por la empresa Iveco y por la Archidiósesis de Canarias en el que se pactaba el realojo de los ancianos en una casa de condiciones similares lo que ha supuesto "un perjucio a sus derechos y una ocultación de documentos". Ahora este desahucio está paralizado por "tres, cuatro o más meses" piensa Medica, afirmando que "ojalá se paralice por mucho tiempo".
El día que el Juzgado les comunicó la fecha de entrega de llaves a la empresa Iveco, Pilar Callero sufrió un ataque de nervios. Medina afirma que tanto la pareja como la gente que les apoya han vivido "momentos complicados" porque se han visto “indefensos ante la Justicia”.
El Cabildo de Lanzarote comunicó a principios de semana que si el desahucio llegara a producirse iba a subvencionar una vivienda a la pareja durante doce meses para que pudiera seguir litigando ante la justicia.
