El miedo se instala en las oficinas técnicas de las instituciones de la isla
La imputación del concejal José Montelongo y de tres técnicos del Ayuntamiento de Arrecife es calificada de “despropósito”, pues fuentes cercanas aseguran que “no se contrastó la información del denunciante con la administración municipal”
Lancelot Digital
Tras conocerse la petición de imputación del fiscal Stampa de tres técnicos del Ayuntamiento de Arrecife por el caso del llamado taller de Iveco y del concejal de urbanismo, el socialista José Montelongo, la inseguridad jurídica aumenta en Lanzarote.
De fuentes cercanas al grupo de gobierno se califica de puro despropósito que se pretenda imputar a una serie de funcionarios públicos por participar en procedimientos reglados para dar cualquier tipo de licencia, en este caso, una licencia de actividad al taller Juan Armas, representante de Iveco en lanzarote.
Una denuncia que ha partido del activista social ante Fiscalía, Andres Medina, que precisamente ha sido el martillo pilón contra Iveco en el caso de las casas de la Iglesia, y que ahora ha denunciado irregularidades en la concesión de la licencia de actividades y la dilación en abrirse un expediente sancionador.
Lo cierto es que esta empresa ha tenido una sanción de 15.000 por ampliar el taller y desde hace una semana se ha firmado el precinto de toda actividad para proceder a la misma.
Este tipo de imputaciones no ayudan precisamente a facilitar la apertura de actividades comerciales en la isla, pues los técnicos de las administraciones públicas se ven realmente amenazados por cumplir con su trabajo. Ya son muchos alcaldes que reconocen of the record que el miedo se ha apoderado de las oficinas técnicas y que se ven acogotados cada día más para sacar adelante cualquier proyecto público o privado por la posibilidad de que la Justicia actúe contra los técnicos y responsables políticos.
Se quejan desde el ayuntamiento que en este caso del taller no se contrastó la información del denunciante con la administración municipal.
