El Ministerio Fiscal no ve material probatorio en casi la mitad de los imputados de la pieza nº 12 del 'caso Unión'
La defensa de los imputados que han visto como se ha pedido el sobreseimiento de sus casos cree que "no sería extraño que pasara lo mismo en el resto de piezas".
Texto y foto: Lancelot Digital
La pieza nº 12, la principal de todas las que forman el 'caso Unión', ha visto como a casi la mitad de sus imputados se les han sido retirado sus cargos. Concretamente a 17 de los 39 que formaban parte de esta pieza que habían sido acusados de supuesto cobro de comisiones relativas al planeamiento de Arrecife y de tráfico de influencias haciéndose valer de su posición dentro del Ayuntamiento.
Fuentes jurídicas pertenecientes a la defensa de estos imputados han comentado a LANCELOT que, aunque están satisfechos con esta petición de sobreseimiento, sus clientes han permanecido más de cinco años imputados "sin indicios suficientes ni razones probatorias" que justificasen esta posición.
Advierten que no sería extraño que pasara algo similar en el resto de piezas del 'caso Unión' llegando a pedirse la nulidad de las pruebas y en consecuencia, la de los procesos judiciales abiertos.
Y es que el motivo por el que el fiscal Javier Ródenas pide el archivo provisional de las acciones radica en “la ausencia de material probatorio que justifique la pendencia de este estadio procesal ante la falta de elementos corroboradores en la investigación que legitimen la posibilidad de interesar la apertura de juicio oral”.
Ahora este proceso pide la desimputación de las siguientes personas: Carlos Morales, Celso Betancort, Segundo Rodríguez, José Luis Betancort Acosta, María José García Acosta, Joel Delgado, Dayran Muñoz, Alfredo Santiago Rodríguez, Demetrio Rodríguez Robayna, Jorge Ramón Álvarez Pérez, Juan Jesús Acuña, Pedro Manuel Rodríguez, Ginés Parrilla, Manuel Arbelo, Fermín Curbelo, Víctor Alberto Sánchez y José María Pérez.
De esto modo queda Dimas Martín como principal encausado ya que según las tesis de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civíl) habría actuado como "ascendiente absoluto y total" sobre el resto de miembros de la trama "todos los cuáles considerarían que le deben su puesto político o cargo público manteniendo con él una total relación de subordinación".
El auto judicial recuerda que "las decisiones de sobreseimiento por insuficiencia indiciaria o por la imposibilidad de formular un pronóstico de imputación" deben ser justificadas de manera explícita "respondiendo a las exigencias de racionalidad y proporcionalidad de las circunstancias". Esta petición de Ródenas será trasladada al resto de abogados de las diferentes acusaciones particulares, que disponen de diez días para decidir si se suman a esta solicitud o si bien siguen adelante en sus acusaciones contra estas diecisiete personas.
Lo que algunos calificaron como el mayor caso de corrupción de Lanzarote comienza a desmoronarse. De los cien imputados que existen, por ahora el Ministerio Fiscal ha pedido el sobreseimiento provisional de las actuaciones que se siguen contra diecisiete de ellos.
