El PP considera “una falta de respeto” que San Ginés reconozca ahora “que el riesgo de un derrame por las prospecciones era improbable”
Ángel Vázquez "Es el primer exponente de las mentiras y de la política del miedo en la que se sustentó la campaña pública contra los sondeos”
Lancelot Digital
El portavoz del Partido Popular en el Cabildo de Lanzarote, Ángel Vázquez, considera “una vergüenza y una falta de respeto total y absoluta a la ciudadanía de la isla el hecho de que Pedro San Ginés reconozca ahora que el riesgo vertido o derrame debido a las prospecciones que llevó a cabo la empresa Repsol era muy improbable”.
Esta afirmación de San Ginés, según los populares, se produjo en el último pleno del Cabildo durante el debate de la iniciativa en la que el Partido Popular exigía la destitución del asesor Ezequiel Navío así como la disolución de la Oficina de Acción Global de la que es responsable, al entender que ya no existe justificación alguna para mantener este gasto.
Para el PP resulta “intolerante que unos dirigentes públicos utilicen la institución pública para liderar y sustentar una campaña que en todo momento ha estado basada en el engaño y la manipulación, tal y como ponen de manifiesto las palabras del presidente”.
“Ahora resulta que el propio San Ginés reconoce que el riesgo de las prospecciones no era tal”, recalca Angel Vázquez, “cuando durante los tres últimos años hemos asistido a campañas mentirosas con plataformas en la misma Playa del Reducto, vídeos con nuestras playas inundadas de piche, informaciones institucionales manipuladas con imágenes falsas y graves acusaciones contra todos aquellos que pensaran diferente”.
“El Gobierno se niega a enseñar las facturas de los gastos”
Para el portavoz del Grupo Popular “es muy grave que Pedro San Ginés haya vertebrado su discurso como máximo responsable público en el engaño y las medias verdades y que todo un gobierno se haya unido a una campaña fundamentada en las falsedades”.
Desde las filas populares también destacan “el oscurantismo de CC y PSOE a la hora de informar con claridad de las cantidades de dinero público que se han dedicado a la campaña en contra de las prospecciones”.
“Es absolutamente falso que, tal y como dijo el presidente en el Pleno, el Cabildo sólo se haya gastado 24.000 euros en todas las acciones. No hay quien se crea esa cantidad cuando el coste de Ezequiel Navío, sueldo más Seguridad Social y demás, es más de 50.000 euros”, insiste Ángel Vázquez.
En este sentido, el Partido Popular acusa al equipo de gobierno de “ocultar” las cifras reales de los gastos que se han producido durante estos ejercicios y denuncian que “el presidente aún no ha dado el visto bueno para que se entreguen las copias de las facturas de 2012, 2013 y 2014 solicitadas desde el pasado de noviembre y reiteradas hace ya un mes”.
El Supremo archiva denuncias contra Rajoy y cuatro ministros por el incidente con Greenpeace
Por otro lado, se ha podido saber que el Tribunal Supremo ha archivado cuatro denuncias interpuestas contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el ministro de Defensa, Pedro Morenés, la ministra de Fomento, Ana Pastor, el ministro de Industria y Turismo, José Manuel Soria y la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, por un presunto delito de lesiones como consecuencia del incidente ocurrido el pasado mes de noviembre entre una embarcación de la Armada y Greenpeace, en el que resultó herida una activista. Las denuncias también se dirigían contra el director de la Marina Mercante y contra el capitán del buque Relámpago, del que procedía la embarcación de la Armada.
El incidente tuvo lugar después de que la embarcación de Greenpeace "Artic Sunrise", que acudió a la zona donde se realizaban las prospecciones para realizar acciones de protesta, intentará "abordar" el barco de Repsol, el Rowan Renassaince.
En el auto, con fecha del 20 de enero de 2015, el Tribunal Supremo señala que los hechos que se achacan a los denunciados "no constituyen infracción penal". "Las imputaciones carecen de consistencia", sostiene la sala de lo Penal, que añade que "las denuncias se apoyan en los cargos institucionales ocupados, que son señalados casi caprichósamente (cualquier departamento que tuviese alguna mínima relación con la decisión política que desencadenó la protesta y ulteriormente el incidente)". "Ese extravagante criterios convertiría en responsable penal (lo que está muy lejos de confundirse con la responsabilidad política) a cualquier cargo público de los hechos vinculados de una u otra forma con el órgano a cuyo frente se encuentra, abstracción hecha de criterios ya no de culpabilidad, sino de presencia de una acción un omisión concreta. Para iniciar un procedimiento penal se exige mucho más", concluye.
