Jueves, 30 Julio 2026
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Ariagona González señala que la resolución de la Fiscalía demuestra que se trató de una denuncia falsa con fines políticos

  • Lancelot Digital

 

El Partido Socialista de Lanzarote respira tras la decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo de solicitar el archivo de la causa iniciada a raíz de la denuncia presentada en la Fiscalía de Arrecife por el conocido decreto de Dolores Corujo, que permitía al tránsfuga Juan Manuel Sosa mantener su sueldo como médico, superior al asignado a los consejeros con dedicación exclusiva.

La portavoz del PSOE en el Cabildo, Ariagona González, aseguró que esta resolución demuestra que Dolores Corujo no firmó ningún decreto prevaricador. “Esta resolución demuestra lo que siempre hemos dicho: que no había nada. El fiscal archiva de plano esa denuncia presentada por Oswaldo Betancort a través de David de la Hoz Montes, abogado de Coalición Canaria, contratado para actuar contra la anterior presidenta del Cabildo, secretaria insular del PSOE en Lanzarote y actual diputada nacional”.

Ariagona González considera que esta resolución confirma que se trató de una denuncia con motivación política impulsada por Coalición Canaria contra quien previsiblemente será la candidata del PSOE al Cabildo. “Esto demuestra la estrategia de Coalición Canaria. Como tienen miedo de perder las elecciones, han intentado emprender una cacería judicial contra mi compañera para ver si conseguían imputarla antes de los comicios. El Tribunal Supremo ha dejado claro que no existe ningún indicio penal en la actuación de María Dolores Corujo, igual que ya lo había señalado la Fiscalía de Arrecife”, explica. “Estamos ante una denuncia falsa presentada por Coalición Canaria un año antes de las elecciones. El asunto de Juan Manuel Sosa corresponde al mandato anterior; han pasado tres años y es ahora, en el último año antes de los comicios, cuando Coalición Canaria decide contratar a este abogado para actuar contra María Dolores Corujo”.

Sobre el hecho de que la defensa de Juan Manuel Sosa haya utilizado precisamente el decreto firmado por Dolores Corujo para evitar la devolución de los 300.000 euros que presuntamente cobró de forma irregular del Servicio Canario de la Salud, González respondió que el doctor tenía derecho a percibir su salario por el trabajo desempeñado como consejero.

 

 

 


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