El recurso de Sosa deja por escrito quién quiere que pague los 300.000 euros: el Cabildo
Su abogado sostiene ante el Supremo que la institución insular es el "deudor originario" y utiliza el decreto de Corujo para defenderlo
- Lancelot Digital
El recurso de casación presentado ante el Tribunal Supremo por la defensa de Juan Manuel Sosa recoge expresamente la pretensión de que sea el Cabildo de Lanzarote quien asuma los cerca de 300.000 euros que el exconsejero cobró del Servicio Canario de Salud mientras formaba parte del Gobierno insular presidido por Dolores Corujo.
La petición aparece negro sobre blanco en el escrito presentado por su abogado el pasado mes de mayo. La defensa sostiene que, si las cantidades deben ser devueltas, el responsable de hacerlo debería ser el Cabildo, al que identifica como "deudor originario", y no Sosa. "La cuantía reclamada, en caso de realmente haberse adeudado, tendría que abonarse por el Cabildo Insular de Lanzarote y no por don Juan Manuel Sosa Rodríguez", señala el recurso.
Para sostener esta tesis, la defensa vuelve a utilizar el polémico decreto firmado por Dolores Corujo durante su etapa como presidenta del Cabildo. Según el argumento de Sosa, aquella resolución permite atribuir a la institución insular la responsabilidad sobre unas retribuciones que el entonces consejero percibió del Servicio Canario de Salud. El decreto se convierte así en una pieza relevante de la estrategia para evitar que sea Sosa quien asuma personalmente la devolución.
El origen del conflicto se sitúa en la etapa en la que Sosa pasó a formar parte del Gobierno insular liderado por el Psoe tras romper con CC la formación con la que había concurrido a las elecciones y convertirse en consejero no adscrito, en un episodio denunciado políticamente como transfuguismo. La controversia afectó también a sus retribuciones como médico del Servicio Canario de Salud y acabó derivando en el procedimiento judicial que ahora ha llegado al Supremo.
La defensa sostiene que la responsabilidad por los pagos no corresponde exclusivamente a Sosa y reclama que el Alto Tribunal se pronuncie, entre otras cuestiones, sobre la aplicación de los principios de seguridad jurídica y confianza legítima y sobre la doctrina relativa a los pagos realizados por terceros cuando, según su tesis, la obligación correspondía a otra Administración.
El Supremo deberá decidir ahora sobre el recurso presentado por Sosa. Mientras tanto, el escrito deja clara la estrategia de su defensa: si los cerca de 300.000 euros tienen que ser devueltos al Servicio Canario de Salud, pretende que sea el Cabildo de Lanzarote, y no él, quien asuma el pago. Para ello, vuelve a poner sobre la mesa el decreto firmado por Dolores Corujo, cuya trascendencia jurídica se dirime ahora en la última instancia judicial.
No hay que olvidar que gracias a ese acto de transfuguismo Dolores Corujo blindó en la práctica su presidencia del Cabildo de una moción de censura y de ahí que CC crea que fue la que propició esa fuga con la promesa de que para que Juan Manuel Sosa siguiera cobrando el sueldo de médico sin trabajar el SCS a pesar de haber perdido la condición de portavoz de los nacionalistas, única forma de cobrarlo.
