El suelo cedido para vivienda pública, sin certificado del Registro de la Propiedad
El Gobierno de Canarias tendrá que esperar más de un mes hasta que se constate que los terrenos son municipales
- Lancelot Digital
Hasta dentro de al menos un mes o mes y medio no podrá recepcionar el Gobierno de Canarias el suelo cedido por el Ayuntamiento de Arrecife tal y como se aprobó ayer martes en el pleno. Y es que aún falta el certificado del Registro de la Propiedad que acredite que esa parcela es municipal y tardará varias semanas.
El gozo de la ciudad en un pozo que aunque el suelo llegaba tarde porque desde el ejecutivo regional se había puesto fecha tope el 31 de marzo, parece que el expediente comenzaba a caminar, aunque ya habiendo perdido la oportunidad de ver la obra de las casas tan necesarias antes de que concluyera el 2018, ahora la falta de papeleo retrasará aún más el comienzo de las primera 200 viviendas.
Según fuentes de la oposición este trámite es necesario e imprescindible ya que sin la confirmación del Registro de la titularidad de esos terrenos el Gobierno no los recibirá y no se podrá comenzar a andar en la redacción del proyecto para evitar sorpresas futuras de titularidad.
Eva de Anta criticaba que la vivienda pública es una " deuda histórica del Gobierno de Canarias con Arrecife en materia de vivienda. Con esta promoción no se solventa la dejación de años anteriores, pero es un paso en la buena dirección", aunque Samuel Martín le recordaba a la primer edil que siendo la nacionalista Inés Rojas consejera de Vivienda, se pusieron a disposición viviendas públicas en la calle León y Castillo de Arrecife.
La concejal y parlamentaria popular, Astrid Pérez, no escondía días atrás cuando se conoció la noticia de la pérdida de los 3,5 millones de euros en vivienda, la impotencia y la indignación de su partido que desde el año pasado ha estado insistiendo e instando a la Alcaldesa Eva de Anta a cumplir con el trámite previo de cesión de suelo. Un procedimiento que el PSOE ha ido dilantando sin ningún motivo hasta llegar al punto de que ya es imposible de que el Gobierno de Canarias tenga tiempo material de redactar el proyecto y licitarlo.
