El Tribunal de Cuentas detecta pérdidas de agua potable por 85,3 millones en Lanzarote

Corresponden al periodo 2007-2011. Desde la llegada de Canal Gestión a Lanzarote se han realizado importantes obras de canalización para reducir las pérdidas del 40% en la red

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Según información de la agencia EFE, El Tribunal de Cuentas ha recomendado a las entidades que gestionan el suministro de agua en Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura que controlen las pérdidas de este recurso, pues se calcula que ocasionaron unos costes acumulados de casi 142,5 millones de euros en el período 2007-2011.

Estas cifras se desprenden del informe de fiscalización aprobado por el pleno del Tribunal de Cuentas en relación con la prestación por las entidades gestoras del servicio de producción y distribución de agua potable, que en las islas corresponden a los Consejos Insulares de Aguas (CIA), ayuntamientos, consorcios y las empresas municipales y mixtas constituidas, siempre que la participación municipal en estas sea mayoritaria.

En cuanto a la distribución o prestación del servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable, en Lanzarote se pone de manifiesto que la prestación del servicio se llevó a cabo en los siete municipios por una sociedad mercantil municipal, deficitaria en todo el periodo fiscalizado y en 2013 se adjudicó la concesión del servicio.

Las pérdidas de agua representaron en la isla de media para los cinco años fiscalizados, el 46 por ciento del agua producida, con una tendencia alcista que alcanzó en 2011 el 54 por ciento.

El coste acumulado de dichas pérdidas para los 5 años verificados fue de 85,3 millones de euros. Sin embargo, cabe que destacar que desde la llegada de Canal Gestión a Lanzarote se han realizado importantes obras de canalización para reducir las pérdidas del 40% de pérdidas de agua en la red.

Entre las conclusiones relativas a la producción en Lanzarote, donde casi todo el agua destinada al abastecimiento proviene de la desalación, se exponen los resultados del análisis de algunas de las infraestructuras hidráulicas ejecutadas por el CIA de la isla y por la sociedad prestadora del servicio INALSA.

En los expedientes de contratación se han identificado incidencias como que no consta el informe que justifica la inversión, la falta de criterios de adjudicación o la fijación de criterios genéricos en el pliego de cláusulas administrativas particulares, sin especificación de su valoración.

También se omite el informe del pliego por los servicios jurídicos y la Intervención, la tramitación de algunos contratos por el procedimiento de emergencia sin que concurrieran las circunstancias establecidas en la normativa de contratación, así como la falta de formalización del contrato en una de las obras.

El Tribunal de Cuentas concluye que los CIA de las tres islas debían haber aprobado antes de 2009 un nuevo Plan Hidrológico adaptado a la Directiva Marco del Agua pero sin embargo esta obligación solo la ha cumplido Tenerife.

Añade que los CIA de Lanzarote y de Fuerteventura no constituyeron el registro y catálogo de aguas que debe contener, entre otras, la totalidad de sus infraestructuras hidráulicas y de los derechos de aprovechamiento.

Además los CIA de las tres islas deberían intensificar las actuaciones de inspección y control sobre las instalaciones hidráulicas en funcionamiento y verificar que operan con título habilitante.

En las tres islas se debería observar un mayor rigor en la tramitación de las fases de preparación y adjudicación de los contratos administrativos que celebren para la ejecución de infraestructuras hidráulicas, lo que redundará en la mejora de la economía y en la eficacia de la gestión de los recursos públicos destinados a la contratación, así como en beneficio de los principios de igualdad, transparencia y objetividad que han de presidir la contratación administrativa.

Se deberían elaborar planes globales de inversiones para la mejora de los sistemas de almacenamiento y redes de distribución de agua en las tres islas y que incluyan, como objetivo transversal, la reducción del porcentaje de pérdidas de agua, añade.

Asimismo, se debería fortalecer el procedimiento de registro y control del agua gestionada, de forma que sea posible llevar un seguimiento y determinar en cada momento las existencias iniciales y finales y la detección del origen de las pérdidas en alta o en la red de distribución, así como las causas en cada caso.

Se recomienda, asimismo, promover ante la Comunidad Autónoma de Canarias que establezca criterios para fijar precios en materia de aguas para poder determinar el precio máximo o de vigilancia especial para las transacciones que se celebren en las islas y su transporte entre los diferentes puntos del territorio, lo que contribuiría a una mayor estabilidad y economía en los precios.

Se deberían también instrumentar políticas de precios que incentiven el uso eficiente y racional del agua, con respeto al medio ambiente, y que promuevan su ahorro, agrega el Tribunal.