El TSJC ordena demoler parte de un hotel del sur de Lanzarote construido con licencia municipal
El Ayuntamiento concedió la licencia con la que se construyó el establecimiento, posteriormente derogada por los tribunales
- Lancelot Digital
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha ordenado al Ayuntamiento de Yaiza que impulse, sin más dilación, la demolición parcial del hotel Princesa Yaiza, en Playa Blanca, en cumplimiento de una sentencia dictada en 2005 que anuló la licencia urbanística con la que se construyó el establecimiento.
La resolución judicial vuelve a situar en el centro del debate la historia administrativa del hotel: la propiedad levantó el edificio al amparo de una licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de Yaiza, que posteriormente fue invalidada por los tribunales, una vez que el establecimiento ya estaba construido. Es decir, la actuación urbanística contó inicialmente con autorización municipal, aunque esta perdió después su validez judicial.
En un auto fechado el pasado 29 de octubre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC requiere al Consistorio que contrate la redacción del proyecto de demolición y la dirección de las obras. El Ayuntamiento dispone de un año para elaborar el proyecto y, una vez terminado, las actuaciones deberán ejecutarse en un plazo máximo de dos años. El coste correrá a cargo de Hotel Princesa Yaiza SA, propietaria del establecimiento.
El tribunal rechaza los recursos presentados por la empresa y su petición de suspender la ejecución de la sentencia a la espera de un nuevo planeamiento urbanístico. Además, considera que los recursos han contribuido a prolongar artificialmente el procedimiento y aprecia «mala fe procesal y abuso de derecho».
La Sala recuerda que la sentencia de 2005 continúa sin ejecutarse y que un acuerdo municipal firme de enero de 2016 ya declaró imposible la legalización del edificio y ordenó su demolición.
La demolición parcial se apoyará en un informe técnico encargado por el Ayuntamiento y en la propuesta de la Fundación César Manrique. Según los datos recogidos en el auto, el exceso de edificabilidad se aproxima al triple de lo permitido, lo que obligaría a demoler más del 60% de lo construido.
Mientras tanto, el hotel continúa abierto y en pleno funcionamiento, más de dos décadas después de la sentencia que anuló la licencia municipal.
