El vacío legal que deja sin juzgar en España una presunta violación grupal en una patera
La Fiscalía pidió liberar a los tres investigados porque la agresión habría ocurrido en aguas internacionales y reclama cambiar la ley
- Lancelot Digital
Una mujer denuncia haber sido violada por tres hombres durante una travesía en patera hacia Lanzarote. Otro pasajero respalda su relato como testigo. La Policía Nacional detiene a los sospechosos y un juez ordena inicialmente su ingreso en prisión provisional. Sin embargo, días después, los tres quedan en libertad.
No es porque la denuncia haya sido retirada. Tampoco porque el testimonio de la víctima haya quedado desacreditado. El problema está en otro lugar: España carece actualmente de jurisdicción para perseguir una agresión sexual cometida en esas circunstancias concretas en aguas internacionales.
Ese es el vacío legal que ha quedado al descubierto tras el caso ocurrido en la neumática rescatada el pasado 16 de septiembre al nordeste de Lanzarote.
Los investigados son dos ciudadanos malienses y uno burkinés, de 21, 25 y 30 años. La víctima también es extranjera y ninguno tenía residencia habitual en España. Además, la embarcación carecía de bandera y los hechos denunciados se habrían producido en aguas internacionales, a unos 131 kilómetros de Canarias.
La combinación de todas esas circunstancias deja el caso fuera de la jurisdicción de los tribunales españoles. Por ese motivo fue la propia Fiscalía la que terminó solicitando la puesta en libertad de los tres investigados.
Una ley que sí permite perseguir a los patrones
La paradoja es que España ya se enfrentó a un problema jurídico parecido hace casi dos décadas.
Tras la crisis de los cayucos de 2006, se modificó la legislación para permitir que los tribunales españoles persiguieran a quienes pilotaban embarcaciones con migrantes hacia España, aunque fueran interceptadas en aguas internacionales.
Desde 2007, la Justicia española puede actuar contra esos patrones cuando se acredita que la embarcación tenía como destino las costas españolas. Esa cobertura alcanza también determinados hechos directamente vinculados con la travesía, como muertes por naufragio o sed imputables a quien gobernaba la embarcación.
Pero esa excepción no cubre todos los delitos que puedan cometerse dentro de una patera.
Una agresión sexual como la denunciada en Lanzarote, o determinados homicidios cometidos por pasajeros que no dirigían la embarcación, pueden quedar fuera del alcance de los tribunales españoles si ocurren en aguas internacionales y no concurren otros vínculos que permitan atribuir jurisdicción a España.
La Fiscalía pide cambiar la ley
El caso ha llevado a la Fiscalía de Canarias a solicitar a las Cortes Generales una reforma legislativa.
Su propuesta pasa por extender a determinados delitos cometidos dentro de pateras y cayucos la misma lógica aplicada desde 2007 a quienes gobiernan esas embarcaciones: que España pueda investigarlos y juzgarlos cuando se acredite que la nave tenía como destino territorio español, aunque los hechos hayan ocurrido en aguas internacionales.
Una fiscal directamente relacionada con el procedimiento reconoció a EFE el sentimiento de "impotencia" ante un caso en el que existe una denuncia por una presunta violación grupal respaldada por un testigo, pero que la Justicia española no puede continuar por falta de jurisdicción.
Mientras llega o no esa reforma, el caso de Lanzarote ha dejado al descubierto una grieta jurídica especialmente difícil de explicar: una presunta agresión sexual denunciada al llegar a España puede quedar fuera de sus tribunales no por falta de investigación, sino por el lugar del mar en el que ocurrió.
El alcalde de Arrecife pide su expulsión
La puesta en libertad ha provocado también la reacción del alcalde de Arrecife, Yonathan de León, quien ha solicitado a la Delegación del Gobierno en Canarias que tramite "de forma urgente" la expulsión de España de los tres investigados.
De León considera que el Gobierno central debe actuar para evitar que permanezcan en territorio español y ha vuelto a reclamar medidas ante el incremento de llegadas a Lanzarote. El alcalde ha advertido además de que "Lanzarote puede ser la siguiente Ceuta" y ha pedido un mayor control de las fronteras marítimas.
