Elena Martín rebate al fiscal las ilegalidades de su departamento

 

 

 

El tercer día del juicio sobre la supuesta trama de comisiones ilegales a favor del PIL en el Ayuntamiento de Arrecife se cerro ayer con la declaración  de los acusados que no han llegado a acuerdos con la Fiscalía, aunque en el caso del exjefe de la Oficina Técnica Rafael Arrocha, a pesar de no admitir las acusaciones, ayer cambió su estrategia y reconoció parte de los hechos

 

A Arrocha se le acusa de fraude a la administración y uso de información privilegiada hechos por los que que el Fiscal pide 4 años de cárcel en su calificación, aunque en su escrito de conclusiones seguramente introduzca una rebaja de la pena, toda vez que ayer admitió parte de los hechos.

Reconocido que dio a Dimas Martín, a quien el fiscal identifica como el «jefe» de la trama, le dio un borrador incipiente del coste del plan de barrios, aunque señaló que no era información oficial, sino «un tanteo previo» y una valoración de ofertas y también reconoció que le facilitó información sobre ofertas de otras empresas, en una brevísima declaración.

 

Por su parte, la exjefa de contratación de Arrecife, Elena Martín, a la que el fiscal pide cuatro años de cárcel, dejó claro que solo intervino en dos expedientes de los cientos que el fiscal ha puesto en entredicho por adjudicaciones irregulares y troceo de los mismos para así no sacarlos a concurso. 

 

Martín dijo que  solo responde por el departamento de Contratación, del que era responsable, con el económico de Compras, que dependía de Intervención, mientras que el suyo dependía de Secretaría.

 

También declaró que que su departamento solo hacía propuestas de gasto, siempre con decreto de Alcaldía. También sostuvo que a  a su departamento solo llegaban contratos menores de hasta  20.000 euros y ella comprobaba que tuviera retención de crédito, que estaban al día con la Seguridad Social, y la factura, y con eso legalmente le daba el visto bueno, y luego los pagos los autorizaba el interventor con el visto del edil de Hacienda, José Miguel Rodríguez, el exedil fallecido que reconoció el cobro de comisiones, no solo por su parte, sino que acusó también a Ubaldo Becerra y Antonio Machín.

También dejó sentado que  nunca dio validez en su departamento a un contrato mayor (y en el del arbolado del parque temático que alcanzó los 180.000 euros) le llegaron tres ofertas y le dijo al edil Ubaldo Becerra que no se podía trocear el contrato, aunque finalmente se le adjudicó a la empresa que Becerra proponía, La Palmita, del empresario Antonio Gómez, sin concurso.

Sobre el borrador del pliego del avance del Plan General, señaló que no era un pliego, sino un folio a modo de ejemplo con un corta y pega, del anterior plan, con un precio estimativo, que le dio al exedil Ubaldo Becerra, porque llevaba meses pidiéndoselo para una reunión con arquitectos, que quedó en nada, porque no se adjudicó.

 

 

 

 

Por su parte el exedil de Arrecife, Antonio Machín, a quien el fiscal pide  12 años de cárcel, respondió solo a preguntas de su abogada y dijo que nunca cobro dinero de comisiones ilegales, que nunca se repartió sobres con José Miguel Rodríguez, el exedil confeso que le acuso antes de fallecer, al propio Machín de estos cobros.

 

Machín explicó a preguntas solo de su abogada que entre sus atribuciones, como responsable de las areas de Barrios y de Parques y Jardines, que no estaban ni la de adjudicar contratos, ni autorizar pagos, ya que él solamente podía mandaba propuestas al departamento de Hacienda, que controlaba José Miguel Rodríguez y los pagos los supervisaba Rodríguez. 

 

También señaló que desconocía el pacto entre Rodríguez y el interventor, Carlos Sáenz para pagar todas las facturas sin supervisión previa ni fiscalización. 

 

En relación con las decenas de órdenes de pago que el fiscal le atribuye a Antonio Machín, el exedil negó que figurara su firma en dichos documentos, sino que solo la reconocío las firmas del interventor y la de José Miguel Rodríguez, como responsable de Hacienda. 

 

Negó que conociera la supuesta trama que según el fiscal se había establecido para cobrar  comisiones y rechazó que nadie en el PIL le hubiera dado ordenes  de que tenía que recaudar para el partido.

 

 

 

 

También en el dia de ayer declararon los empresarios que no llegaron a acuerdos con  el fiscal, como Manuel Reina y Samuel Lemes. 

 

El primero de ellos reconoció el pago de 4.000 euros de comisión a José Miguel Rodríguez para que  le pagaran una deuda de 40.000 por una obra en el balneario del Reduto. Dijo que hizo el pago porque necesitaba cobrar para pagar empleados y material y dejó claro que no sabía que fueran para el PIL.

 

En un momento de su declaración dijo que en las declaraciones previas al ser detenido declaró "inducido" después de pasar 72 horas detenido en un calabozo sin luz y con un baso de agua, y que eso le hizo creer que debía declarar ante el juez de forma inducida, pero que no quería acusar a nadie de nada. El empresario explicó eso después de que el fiscal elevara una propuesta al tribunal, indicando que no podía dejar que recayera ninguna sombra de duda sobre la Guardia Civil, ni sobre la acusación, de ahí la aclaración del empresario.

 

Reima, también dijo que después de pagar esta comisión nunca más volvió a ser contratado.

 

Samuel Lemes (apoderado de la empresa de su padre) dijo iba al Ayuntamiento a pedir que le pagaran facturas de deudas atrasadas.

 

Qu él no desempeñaba ningún papel en la empresa de su padre, ni tenía ninguna responsabilidad, sino la de chico de los recados, vino a decir, y la de pasar por el ayuntamiento para que pagaran la deuda, aprovechando que conocía a José Miguel Rodríguez, el edil de Hacienda.

 

Sin embargo en un momento de su declaración incurrió en contradicción al decir que no sabía que Dimas fuera el "jefe" de la trama, cuando en varias grabaciones telefónicas se refería a Dimas como el jefe.

 

 

 

Para el próximo día 18 está previsto que declaren los dos últimos acusados, Dimas martín y Juan Francisco Rosa, que se le acusa de fraude al contratar a Dimas Martín para que éste pudiera acceder al tercer grado carcelario.

 

En un principio estaba previsto que Rosa declarara en la sesion, pero el fiscal advirtió que se iba a extender, por lo que el presidente de la sala acordó aplazar dicha declaración.

 

El abogado del empresario pidió que el interrogatorio se ciña a los hechos por los que se le sienta en el banquillo, es decir por el contrato e Dimas martín, y no por el caso stratvs u otras cuestiones que nada tienen que ver.

 

También se aplazaron las declaraciones de los testigos previstos, como la del consejero de Turismo Isaac Castellano, cuya declaración se hará en una de las jornadas a celebrar en Las Palmas de Gran Canaria.