"En un municipio lanzaroteño, de 2000 viviendas vacacionales sólo 30 son legales"
El director general de Turismo despeja las principales dudas de la futura Ley del alquiler de casas al turista
- Lancelot Digital
La Ley que regulará el alquiler vacacional se acerca cada vez más. El próximo 14 de marzo el Parlamento canario la tomará en consideración, y está previsto, que antes del verano entre en vigor.
El director general de Ordenación Turística, Miguel Ángel Rodríguez, resolvió en Café de Periodistas muchas de las dudas que todavía tienen los miles de canarios que en los últimos años ha destinado su segunda o tercera vivienda a la actividad turística del alquiler vacacional.
Hasta ahora se autorizaba a explotar esas viviendas prácticamente el único requisito de tener la llamada declaración responsable, que venía a certificar que se cumplía con el reglamento de Actividades Clasificadas, aspecto que luego ninguna administración, ni los ayuntamientos ni lo Cabildos comprobaban.
De hecho, la gran mayoría de las viviendas vacacionales en Canarias no tienen el certificado de Actividades Clasificadas que ya exige la normativa actual. Miguel Ángel Rodríguez, puso el ejemplo de un municipio en Lanzarote. “De 2.000 viviendas vacacionales, no llegan a 30 los que presentaron la comunicación previa en materia de actividades clasificadas. Le tendrán que comunicar al Cabildo que 1970 viviendas tendrán que desaparecer, pero no por la Ley nueva, sino porque están a día de hoy irregulares”.
El director general de Turismo aclaró que serán los ayuntamientos y los cabildos los que tendrán que decir quienes cumplen o no con la futura Ley y anular esas "licencias". “Especialmente las normas de seguridad, salubridad, urbanísticas, técnicas, habitabilidad, y en general actividades clasificadas, eso es lo que tierne que hacer el Cabildo, que cuenta con seis meses para hacer su plan y cuatro años para ejecutarlo”.
Desmintió que la futura Ley nazca para cargarse el alquiler vacacional ni que pase toda la responsabilidad a los ayuntamientos a los que se le da todo tipo de herramientas. El problema, insinúo el responsable de Turismo, es que los alcaldes tengan la voluntad de cumplir con sus competencias que son irrenunciables. “No se puede confundir la falta de medios con la falta de voluntad de cumplir la ley y de intervenir en el mercado”.
Miguel Ángel Rodríguez cree que la Ley es más que necesaria para regular una actividad que no hacerse podría ponen en jaque a Canarias, social y turísticamente.
