“Es una injusticia lo que han hecho. Nos han echado a la calle y ahora no tengo dónde ir”

“Me han dado sólo media hora para salir", asegura Caty Villalonga, tras ser desahuciada este viernes de la casa en la que vivía junto a su hijo de 17 años en Arrecife. /Vea las imágenes del desahucio

Yolanda Téllez

Fotos: Jesús Betancort

Vídeo: Lancelot Televisión

 “Es una injusticia lo que han hecho. Nos han echado a la calle y ahora no tengo dónde ir”. Así se manifiesta Caty Villalonga, tras haber sido desahuciada en la mañana de este viernes de la casa donde vivía junto a su hijo de 17 años en la calle Calvo Sotelo de Arrecife. “

Esta mujer tenía la esperanza de conseguir frenar el desahucio pero, finalmente, a pesar del apoyo recibido por parte de los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Lanzarote (PAH) y de varios vecinos, no ha sido posible.

A las 10:40 horas, una hora después de lo previsto, la comisión judicial y una quincena de agentes de la Policía Nacional llegaban a casa de Caty. Los manifestantes, postrados en las escaleras, fueron desalojados uno a uno. Tras forzar la puerta, la comisión judicial y la Policía Nacional accedían al edificio. “Han sacado a la gente de mala manera, a la fuerza. Cuando los vi, ya abrí la puerta, porque ya no había nada que hacer”, cuenta la afectada.

Caty abandonó su casa sin poder llevarse nada. “Me han dado sólo media hora para salir, así que he cogido un par de mudas y ya”, asegura. Su hijo no estuvo presente en el desahucio.

Caty compró su vivienda en el año 98 por 6,8 millones de pesetas. En 2005, su negocio iba mal y tuvo que ampliar la misma hasta que en 2010 no pudo hacerle frente, ya que su situación económica había empeorado. Hasta el momento, Caty asegura haber pagado ya al Banco Santander unos 120.000 euros, pero debía otros 100.000 “sobre todo por intereses”.

Esta mujer pidió entonces un alquiler social, pero le fue denegado por el Banco Santander, quien vendió la misma a “un fondo buitre”, fondos de alto riesgo que van a la caza de gangas inmobiliarias principalmente, esperando a poder ejecutar el desahucio. “En agosto recibí el aviso. La jueza se incorporó el día 17 y en tan sólo tres días me han echado a la calle”, afirma.

Ahora, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) espera darle cobijo en alguna casa de sus miembros, mientras se busca una solución. “Mi hijo puede quedarse en casa de su padre, pero yo no tengo otro sitio dónde ir”, apunta.

“Nos hemos sentido agredidos”

Desde la PAH de Lanzarote, Cristina Cividanes, una de sus integrantes, cree que “este desalojo no se tendría que haber producido, sin dársele una alternativa a Caty”. “Están vulnerando el derecho a una vivienda digna. Ningún juez puede ignorar eso y acogerse a leyes inferiores como la ley hipotecaria”, señala. “Están arrebatando vidas”, añade.

Cividanes explica que este viernes han intentado hablar con la comisión judicial y con la Policía Nacional para que frenasen el desahucio, pero no lo han conseguido. “Les interpelamos, les hemos invitado a hacerse objetores de conciencia, pero al final todo se hace por dinero. Si ellos no lo hacen, les multan por no hacer su trabajo”, apunta. “Nos hemos sentido agredidos. No abrieron cabezas, pero que te empujen o te retuerzan una brazo ya es violencia y tampoco debería haberla a pequeña escala”, concluye.