Escándalo en UGT Canarias

Las investigaciones creen que el fraude de Fundescan, la investigación sobre subvenciones europeas para cursos de formación, puede ser mayor de lo inicialmente detectado

Las cantidades presuntamente defraudadas o irregularmente utilizadas de los fondos europeos para realizar cursos de formación a los trabajadores o desempleados en Canarias pueden ser aún mayores de lo inicialmente detectado, según publicó hace unos días Canarias 7.

Con esa noticia vuelve a ser actualidad el caso Fundescan, cuyos principales acusados, con la excepción de Alicia Rodríguez, ex secretaria general del sindicato, se acogieron a su derecho de no declarar ante el magistrado del Juzgado de Instrucción número 4, Florencio Barrera Espinel, tras ser citados para explicar la finalidad y el uso del dinero de tres ayudas procedentes de la Unión Europea, presuntamente sin justificar que recibieron, tal y como publicaba en estos días Canarias 7. Un total de 2,23 millones de euros cuyo destino sigue siendo desconocido.

Hay que recordar que este caso investiga el posible uso fraudulento de fondos por parte de esta asociación vinculada por sus responsables a UGT quien recibía ayudas económicas para realización cursos de formación que,al parecer, no se hacían mientras se cobraban las subvenciones. Eso al menos es lo que se deberá de juzgar en los tribunales de justicia.

En total, el magistrado instructor citó en octubre a 31 personas entre las que se encontraban los 16 que figuran en calidad de investigados: Hermógenes Hernández González, Rodolfo León Martín, Rosa Afonso Castro, Dulce María Quintana Cárdenes, Gilberto Jesús Díaz Jiménez, Arsenio Pérez Rodríguez, María Asunción Moreno, Ana María Armas Marrón, Olga Cáceres Peñate, Bonifacio Ramón Rodríguez, Miguel Ángel Barrios Miralles, José Juan Benavente Rodríguez, María del Carmen Noda Martín, Juan Pedro García Rivero, Lidia Adelina Quintana Hernández y Rafael Del Castillo Espino.

En su momento, el juez volvió a citar a todos los investigados para que prestasen declaración en relación al paradero de tres subvenciones finalísticas que recibió Fundescan, que estaba controlada por UGT, desde el Fondo Social de la Unión Europea –les concedieron más de 800.000 euros–, tras la puesta en conocimiento de los hechos por parte del Gobierno de Canarias y que se corresponden al ejercicio de 2013. En este caso, las subvenciones estaban destinadas para sufragar unos cursos concretos que, presuntamente, nunca se llevaron a cabo.

Esta cuestión ha motivado que el juzgado intensificara la instrucción de este procedimiento al determinarse que había un presunto desfalco aún mayor del determinado en primera instancia. Esta nueva investigación sobre el aumento del presunto agujero económico en Fundescan, podría provocar que la instrucción del caso se ampliase después de que saltase este escándalo a principios de esta década. En principio, y según fuentes cercanas a este procedimiento, estas tres subvenciones llegaron a Fundescan en la época en la que Carlos Ucha era el director gerente y secretario general de UGT. Todos los responsables en aquel momento de esta institución, y que fueron citados por el magistrado Florencio Barrera, se acogieron a su derecho de no declarar, por lo que no ofrecieron explicaciones acerca del destino de las tres subvenciones para unos cursos en los que, por ejemplo, los profesores no cobraron cuando se habían destinado los fondos para llevarlos a cabo. Sus defensas argumentaron la prescripción del posible delito.