Viernes, 24 Abril 2026
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Los tribunales no admiten a trámite la querella presentada por el actual jefe de gabinete de la Presidencia del Cabildo

 

  • Lancelot Digital

 

Carlos Espino no ha logrado llevar de momemnto a jucio al conocido y polémico juez Liz como pretendía al presentar una querella por prevaricación.

 

 

El que fuera secretario general del Psoe cree que el juez dilató y mantuvo vivo el llamado “Caso de las Cocinas de Los Jameos” de manera expresa para dañarle personal y políticamente.

 

Tras nueve años de tramitación, el caso quedó en nada el pasado mes de noviembre, cuando el actual titular del Juzgado número 3 de Arrecife decidió archivarlo, al no apreciar indicio alguno de delito en los hechos que los denunciantes atribuían a Espino.

 

Sin embargo, el asunto estuvo a punto de tener graves consecuencias patrimoniales para Espino hace poco más de un año, antes de llegar a juicio, porque el juez que estaba al frente entonces del caso, Rafael Lis, le impuso una fianza de 1,5 millones de euros; fianza que meses después fue dejada sin efecto por la magistrada que sustituyó a Lis cuando este fue suspendido de sus funciones por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

 

Carlos Espino se querelló contra Rafael Lis por cómo había llevado la instrucción de esta causa penal, porque consideraba que el juez había prevaricado en al menos dos cuestiones: a demorar alrededor de tres años la respuesta a uno de sus recursos, algo que atribuía a un comportamiento malicioso, más que a falta de diligencia en su trabajo, y al imponerle la fianza millonaria.

 

En un auto hecho público este jueves, la Sala de lo Penal del TSJC responde a Espino que el retraso del que se queja no solo fue imputable al comportamiento del juez Lis, sino también al Ministerio Fiscal.

 

Pero, sobre todo, la Sala subraya que ese retraso ya ha sido examinado en el plano disciplinario por el Consejo General del Poder Judicial, que lo consideró falta leve y merecedor solo de una multa, sin apreciar en él indicios delictivos.

 

En cuanto a la fianza de 1,5 millones que Lis impuso a Espino, el TSJC estima que "podrá entenderse inadecuada, excesiva o sorpresiva, pero no ilegal, y más aún cuando esta fianza fue dejada sin efecto por la juez sustituta que relevó al magistrado durante su periodo de suspensión y el magistrado, al retornar al juzgado, no volvió a adoptarla".

 

Espino también cuestionaba otras decisiones tomadas por el juez Lis respecto a una de las acusaciones personadas en el acaso, la ejercida por la asociación de juristas Jiménez de Asúa.

 

El TSJC le contesta que en esas actuaciones del juez Rafael Lis, ya jubilado, no se observa "una decisión abierta y flagrantemente contraria a Derecho", por lo que no cabe calificarlas de constitutivas de prevaricación.

 

En la actualidad, Espino estudia con su abogada si merece la pena recurrir el archivo de la querella o da por buena el resultado de sus acciones judiciales.

 

 

El Tribunal Superior de Justicia señala en su auto de que no existe suficientes indicios incriminatorios como para admitir la querella presentada por el hoy jefe de gabinete de la presidenta del Cabildo contra el juez Liz

 

 


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