Ezquiaga defiende que el fallido PIOL sirvió para anticipar los retos urbanísticos de Lanzarote

 El arquitecto asegura que muchas de las ideas planteadas hace años forman hoy parte del debate público sobre turismo, sostenibilidad y territorio

El arquitecto y sociólogo José María Ezquiaga, redactor del fallido Plan Insular de Ordenación de Lanzarote (PIOL), considera que, pese a que el documento fue anulado durante el pasado mandato por la entonces presidenta del Cabildo de Lanzarote, Dolores Corujo, el trabajo realizado ha servido para poner sobre la mesa desafíos que no se contemplaron en el PIOL de 1991.

“Llegamos a acabar el plan, pero la compleja geometría política de Lanzarote lo hizo inviable y se volvió a empezar”, explicó Ezquiaga, quien rechazó que el trabajo desarrollado durante años pueda considerarse estéril. “Las cosas que dijimos los primeros días que vinimos ahora son normales”, señaló en referencia a debates que actualmente forman parte del discurso público sobre sostenibilidad y modelo territorial.

Ezquiaga participó en el Congreso de Urbanismo organizado por el Ayuntamiento de Yaiza, donde intervino para abordar el urbanismo y los delitos contra la administración pública. El arquitecto madrileño insistió en que el trabajo desarrollado en Lanzarote "no fue en balde", pese a que finalmente no prosperó.

Durante su intervención recordó que muchos de los asuntos planteados entonces apenas estaban presentes en el debate público. “No se hablaba de energías limpias, ni de cambio climático, porque ni siquiera existía ese concepto en 1991”, afirmó.

También defendió que el plan ya apostaba por una transformación del modelo turístico de la isla, orientándolo hacia la calidad y la diversificación frente al modelo centrado exclusivamente en el sol y playa. “Planteábamos superar la cantidad por la calidad e incorporar un turismo más sensible a la geología, el paisaje, la historia, la gastronomía y la cultura”, indicó.

Durante su ponencia, titulada El Planeamiento Urbano en España: crisis y desafíos, analizó algunos de los principales retos del urbanismo actual, partiendo de la idea de que "no hay democracia sin intervención pública sobre el territorio". También destacó las dificultades existentes para sacar adelante los distintos instrumentos de planeamiento.

Entre los principales obstáculos citó “la sobreregulación, la burocratización y la creciente litigiosidad”, lamentando que muchas cuestiones terminen resolviéndose en los tribunales en lugar de mediante el diálogo social.

El congreso, en el que participaron varios juristas, entre ellos una magistrada del Tribunal Supremo, centró el debate en los desafíos de la legalidad urbanística y los delitos asociados a la ordenación del territorio.