Gladys Acuña obligada a dimitir como alcaldesa por la reforma electoral del 2011

Muchos juristas consultados consideran anticonstitucional porque ataca claramente al derecho de la presunción de inocencia

La reforma electoral del 2011 es la que ha precipitado la dimisión de Gladys Acuña como alcaldesa de Yaiza tras la condena de 14 años de inhabilitación del TSJC por el caso de la licencia de la Bodega Stratvs. Esa reforma, bastante discutida, declara incompatible ejercer un cargo público a aquel político que ha sido condenado en primera instancia por un delito contra la propia administración como se considera el de la prevaricación administrativa.

Más allá de que Gladys Acuña hubiera dimitido o no de forma voluntaria tras conocer la sentencia del caso Stratvs, lo cierto es que estaba obligada a hacerlo al menos de alcaldesa. No así de parlamentaria regional, al limitarse la condena de inhabilitación al ámbito municipal.

Muchos juristas consideran totalmente inconstitucional ese precepto de la reforma electoral del 2011, porque vulnera varios principios constitucionales como el derecho a la presunción de inocencia, ya que la firmeza de esa sentencia contra Gladys no se adquiere hasta que sea juzgada en segunda instancia, en el Tribunal Supremo.

De hecho, los juristas, se preguntan ¿si dentro de un año o dos Gladys Acuña sale absuelta en el Tribunal Supremo, qué ocurriría?. El daño sería irreparable. De hecho, no sólo está obligándola a dimitir sino a que no se pueda presentar como candidata a la alcaldía a las próximas elecciones por estar inhabilitada, si antes no se ha pronunciado el Tribunal Supremo. Como se entiende poco, para estos juristas, que sólo se limite a dimitir de la alcaldía y no del Parlamento de Canarias si realmente se considera que ha cometido un delito. “Este tipo de reformas electorales hechas en caliente provoca luego estos disparates y daños”.

Ponen el ejemplo de lo ocurrido con la reforma del 2013 de la Ley Electoral que impedía que los llamados tránsfugas pudieran firmar una moción de censura. Ahora el tribunal constitucional ante una denuncia de ex-alcalde canario, precisamente, ha declarado esa norma de anticonstitucional al considerar que se vulnera o limita el derecho de los concejales.